El gobierno de Ana Guarinos rechazó el pasado viernes, en el pleno ordinario, el debate con carácter de urgencia de una moción en la que el Grupo Municipal Socialista instaba al Ayuntamiento a presentar alegaciones a la consulta pública que se ha abierto para modificar la normativa que actualizará las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

El viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Ignacio de la Iglesia, ha lamentado que la alcaldesa Guarinos "se ponga de perfil, cuando hay regiones como la Comunidad de Madrid, Valencia o Murcia que llevan décadas posicionándose en contra de los intereses de Guadalajara".

Asimismo, ha puesto en valor que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y el PSOE regional "estén demostrando siempre una defensa del agua sin fisuras".

Para De la Iglesia, "Ana Guarinos y su gobierno han demostrado que no están a la altura, ni al pie del cañón en la respuesta a las necesidades e intereses de nuestra ciudad, ya lo han demostrado con el sablazo del IBI a los vecinos y vecinas; su negativa a la Ciudad del Cine en el Fuerte; y ahora, en materia del agua".

Durante su intervención, el concejal socialista ha recordado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España abrió un plazo, que comenzó el pasado 18 de abril y finaliza este próximo 2 de mayo, para presentar alegaciones a las reglas de explotación, "de ahí la urgencia para que el Ayuntamiento de Guadalajara pudiera hacerlo; sin embargo, para nuestra tristeza, la alcaldesa Guarinos no aprobó la urgencia, demostrando que no se quiere mojar en una cuestión tan esencial para Guadalajara y Castilla-La Mancha como es la gestión del agua".

"Es de vital importancia—ha añadido—comprender que satisfacer los usos, y garantizarlos son dos conceptos distintos y Guadalajara, como capital de la provincia, debe ser firme y posicionarse en defensa de nuestra tierra, de la cuenca cedente y de los municipios ribereños".

En definitiva, ha concluido, "defender el agua de nuestra tierra, en cantidad y calidad suficiente para nuestra provincia y para Castilla-La Mancha; apostando firmemente por la desalación como alternativa al trasvase".

La moción socialista defendía, entre otros puntos de acuerdo, que el cambio de las reglas de explotación del trasvase deberá satisfacer las demandas de gestión y planificación de la propia cuenca, ahora no satisfechas; entre ellas, los caudales ecológicos; y que la nueva norma dé prioridad a la cuenca cedente para satisfacer sus necesidades.

También, que las nuevas reglas deberán garantizar el abastecimiento de agua para la población de los municipios ribereños, colindantes y de la tubería manchega. Y; asimismo, que el nivel de agua embalsada deberá mantener un grado de suficiencia y estabilidad que permita el desarrollo del potencial económico de los municipios ribereños.