PNV. 5 diputados

El último de los pactos sellado por Pedro Sánchez para atar su investidura, el pasado viernes con el PNV, incluye negociar «de buena fe» y «sacar adelante» en un año y medio un acuerdo parlamentario sobre el reconocimiento nacional de Euskadi, la transferencia de la totalidad de las competencias, también la Seguridad Social, y un sistema de garantías basado en la bilateralidad Euskadi-España y el respeto a los derechos forales de los territorios vascos. Además, recoge el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika de 1979 en el plazo «improrrogable» de dos años y el compromiso de «remover» los «obstáculos legales» que «impidan un mayor ejercicio del autogobierno», que se traducirá en un nuevo estatuto. El texto rubricado por el candidato socialista y jefe del Ejecutivo en funciones y el líder de la formación jeltzale, Andoni Ortuzar, implica también modificar el Estatuto de los Trabajadores, para garantizar la primacía de los convenios colectivos de carácter autonómico en la comunidad sobre los negociados a nivel estatal. Asimismo, recoge el plan de reforzar y ampliar el Concierto Económico con la concertación de impuestos y la fijación de los límites de deuda en la Comisión Mixta de Concierto y en la del Convenio navarro. Finalmente, se asume ampliar las actuales competencias de la Ertzaintza y extenderlas a las infraestructuras críticas del Puerto de Bilbao y a la investigación y persecución de los delitos contra el medioambiente, así como en materia de ciberseguridad.

Bildu. 6 diputados

Nada ha trascendido de los compromisos del PSOE con EH Bildu. La formación abertzale confirmó su apoyo el mismo día en que Sánchez se reunió y posó por primera vez ante las cámaras con sus portavoces en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y el Senado, Gorka Elejabarrieta. Una imagen que para los nacionalistas vascos ya es un «hito».

Junts. 7 diputados

El pacto de Sánchez con Junts es el más polémico de todos, no solo por sellarse con el expresidente prófugo Carles Puigdemont, sino también por recoger una ley de amnistía para todos los vinculados al procés entre 2012 y 2023, incluidos los implicados en casos de lo que se ha llamado lawfare o judicialización de la política. Además contempla un mecanismo de verificación internacional sobre los acuerdos, avanzar en un referéndum de autodeterminación, y la cesión total de los tributos o las Cercanías. Otros de sus puntos son un plan para promover el regreso a Cataluña de la sede social de empresas y la ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y entidades internacionales.

BNG. 1 diputado

El PSOE pactó con los nacionalistas gallegos medidas análogas a la condonación de deuda acordada con ERC, en este caso de en torno al 20 por ciento de 12.333 millones. Rebajas en las autopistas AP-9 y AP-53 y la implantación de cercanías entre La Coruña-Ferrol y Vigo-Pontevedra son otras de las cesiones, así como mejoras en las pensiones.

ERC. 7 diputados

Sánchez también acordó con los republicanos una ley de amnistía para «culminar la desjudicialización» del procés, así como una mesa entre partidos con un verificador de prestigio. Como con Junts, se pactó el traspaso integral de Cercanías (Rodalíes) a la Generalitat y, en materia de financiación, la 
reducción de la deuda de Cataluña con el FLA en 15.000 millones de euros, lo que supone dejarla en unos 58.110 millones.

Sumar. 31 diputados

El primero de los pactos de investidura que se cerró fue con la coalición que lidera la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz. Un acuerdo que engloba la reducción de la jornada laboral sin recorte salarial e implementación de forma inmediata de un plan de choque contra el desempleo juvenil. Además incluye el refuerzo del sistema público de salud; el aumento del parque público de vivienda hasta el 20 por ciento del total; la revisión al alza de los objetivos de la Ley de Cambio Climático; la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento y la universalización de la educación de cero a tres años; y la implementación del impuesto a la banca y las energéticas y reforma del impuesto de sociedades para establecer un tipo mínimo efectivo del 15 por ciento sobre el resultado contable.

Coalición Canaria. 1 diputado

Para contar con el apoyo de la única diputada del partido canario, el Gobierno prometió transferir los 100 millones de euros presupuestados en 2023 para el Plan de Recuperación de La Palma antes del fin del ejercicio. El PSOE suscribirá, además, la denominada Agenda Canaria, que supone el respeto íntegro de los fueros canarios, la ejecución plena de los convenios bilaterales, política solidaria en gestión migratoria, transferencia de competencias del Estatuto de Autonomía y aplicación de medidas compensatorias por lejanía y cohesión económica.