Los gobiernos de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana se han 'picado' sobre el agua, en concreto sobre cuánto o cómo se riega en Levante. Todo empezó ayer cuando el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, anunció que la semana que viene se va a reunir con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que le preguntará por los «criterios políticos» para reducir los trasvases. 

A Mazón le contestó esta mañana la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla. «Mazón pide que no se aumenten los caudales, como si fuera una decisión para perjudicarles», matizó, «no, no se aumentan. Los caudales ecológicos están fijados y se estableció que su aplicación sería progresiva». 

Además le lanzó este mensaje:«No pueden gastar tanta agua, están regando por encima de sus posibilidades a costa de un río que se agota». Padilla hizo hincapié en que tienen que apostar por el recurso de las desaladoras. 

A Padilla le contestó la consejera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas, que replicó al Gobierno de Castilla-La Mancha que el agua «pertenece a todos los españoles» y mandó esta advertencia al Ejecutivo autonómico castellanomanchego: «Lecciones a la Comunitat Valenciana en materia de agua, ninguna». Apuntó que el agua es «un bien escaso que sabemos utilizar de la mejor manera posible» y que la Comunidad Valenciana «es líder en la reutilización de agua al ser, con diferencia, la autonomía que más esfuerzos realiza».