Las aguas bajan bravas por el trasvase. El Gobierno de España lleva más de un año de retraso para cambiar las reglas de explotación del acueducto, a pesar de que el plan del Tajo obliga a modificarlas para ir aumentando el caudal ecológico.  Desde el Levante no solo se están beneficiando de este retraso, pues mes tras mes se aprueban trasvases con los volúmenes de las reglas 'caducadas', sino que exigen que se mantengan. 

El consejero de Agricultura y Agua de la Comunidad Valenciana,, Miguel Barrachina, criticó ayer la presión que está haciendo Page para frenar el trasvase y exige al Ministerio para la Transición Ecológica que cumpla con las reglas de explotación vigentes.  «No puede seguir siendo víctima de un chantaje político disfrazado de discurso ambiental», espetó el consejero valenciano a Page, pues señala que el trasvase Tajo-Segura «no solo es legal y necesario, sino que está amparado por unas reglas técnicas que se están ignorando deliberadamente».

En Valencia hay tensión incluso con el trasvase que se tendría que aprobar en abril. Barrachina recuerda que la cabecera del Tajo ha subido a nivel 1 y reclama que se autorice un trasvase automático, pero lamentaque el Ministerio aún no ha resuelto la transferencia de caudales.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no se achantan ante las críticas que llegan desde el Levante. Es más, la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, se reafirma en su estrategia. «Estamos presionando para que se cumpla la ley y la Generalitat Valenciana y todas las administraciones públicas deberían hacer lo mismo», clamó. 

Padilla insiste en que hay que «darse prisa y respetar el cumplimiento de la ley y las cinco sentencias del Supremo que dicen que hay que respetar los caudales ecológicos». Por eso recalca que «la reacción de Castilla-La Mancha es el cumplimiento de la ley, de las sentencias del Supremo y las directivas europeas». Es más, cree que esta exigencia del cumplimiento de la ley no solo debería venir por la parte de Castilla-La Mancha, sino también por la Comunidad Valenciana. Recuerda que el Plan Hidrológico dice que hay que modificar las reglas de explotación, que es «urgentísimo» para cumplir con el caudal mínimo. 

Desde el PSOE regional, el diputado autonómico Antonio Sánchez Requena, esgrime que Castilla-La Mancha ha sido solidaria con otras regiones en materia hídrica, pero, desde el sentido común, «cuando otros la necesiten para beber». De ahí que rechaze las acusaciones de «insolidaridad» que ha realizado el consejero valenciano.