El Gobierno está empeñado en volver a presentar el decreto ómnibus que contiene una variada mezcla de propuesta, con las de más relumbrón como la subida de las pensiones y las ayudas que componen el escudo social para mejorar la vida de los ciudadanos más vulnerables en primera línea, y el PP y Junts siguen empeñados en que el Ejecutivo presente el decreto de forma troceada, de tal manera que una semana después todo sigue como estaba, cuando el decreto fue tumbado por la pinza del PP, Vox y Junts, a la espera de que las conversaciones  subterráneas entre socialista y neococonvergentes ofrezcan algún fruto.  

Más allá de tratar de quitarse el estigma de haber paralizado el incremento de las pensiones -por hablar de lo más llamativo e importante para doce millones de personas- después de que lo hayan convertido en arma arrojadiza, se trata de que Junts y el Gobierno alcancen algún tipo de acuerdo, porque de esa ecuación hay que dejar fuera a los dos partidos de la derecha nacional que no se apartan de su proyecto de desahuciar a Sánchez de La Moncloa lo antes posible  y de ahí que las recriminaciones o las sugerencias para que hablen el presidente del Gobierno y el líder de la oposición para legar a un pacto sobre el 'ómnibus' sean tan solo una propuesta bienintencionada que no tendría ninguna relevancia práctica. Y no porque no sea necesario que retomen algún tipo diálogo.

El clima de desconfianza entre el Gobierno y Junts se encuentra en el punto más elevado desde que los independentistas facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, porque los compromisos adquiridos por el negociador socialista no se cumplen con la rapidez que les gustaría. Un proceso retardado en un caso, la aplicación de la ley de amnistía, por la oposición de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y su interpretación de la malversación con enriquecimiento personal de los líderes del 'procés', en contra de lo dispuesto por una ley aprobada por el Congreso; en otro, porque la cesión de la competencia en materia de inmigración y control de las fronteras no se puede establecer de un día para otro cuando implica cuestiones esenciales de soberanía de un Estado y porque este tipo de decisiones llevan años de negociación. En otro aspecto más, la oficialidad del catalán en la UE es una cuestión que choca con la oposición de muchos países más centralizados que España y con la oposición del PP en el Parlamento europeo. La razón de las dilaciones no parecen ser de la incumbencia de Junts que tiene urgencia para aparentar que el 'apreteu' al Gobierno le redime por haber perdido  todo el poder institucional y porque su líder permanece refugiado en Waterloo donde mantiene su imprevisibilidad como su mayor arma política, a la espera de que se le venga en mientes cualquier ocurrencia como la moción de confianza.  Son, por tanto, cuestiones de fondo que no se pueden resolver en el plazo en el que se negocia un decreto

La experiencia adquirida a lo largo de los últimos años, en los que comienza a configurarse una cierta cultura de coalición, pone de manifiesto que no ha servido de nada porque el pez pequeño considera que tiene derecho a comerse al grande y a condicionar toda su acción de gobierno para imponer su criterio. Así han actuado Podemos, Vox y ahora Junts, el socio-adversario del PSOE: con complejo de superioridad.