El periodo inhábil para la celebración de juicios y vistas durante el mes de agosto marca un punto de inflexión dentro del curso judicial que ha comenzado en septiembre con un halo de cierta normalidad si lo comparamos con cómo transcurrieron los primeros seis meses de este mismo año con huelgas de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), primero, el conato de los jueces y fiscales después, para concluir con las movilizaciones y paros de los trabajadores públicos de la Administración de Justicia durante dos meses. 

Ante la falta de una cara visible a la que dirigir sus reclamaciones, todos los funcionarios del mundo de la Justicia están a la espera de que se conforme un nuevo Ejecutivo y se nombre nuevo ministro o ministra. Mientras tanto, el curso judicial se puede decir que ha comenzado con normalidad dentro de una tensa espera.

«Ha empezado con mucha fuerza, mucho ímpetu, quizá con excesiva carga de trabajo para los despachos porque se ha aprovechado el mes de agosto por parte de algunos juzgados para elaborar determinadas resoluciones y lanzarlas una vez que se ha acabado la inhabilidad que tiene el mes de agosto. Que sea por mucho tiempo porque hay rumores de nuevas movilizaciones por parte de los operadores jurídicos», valora el Decano del Colegio de Abogados de Guadalajara, Emilio Vega, quien estima que «esta situación nos puede haber supuesto más de un año de retraso».

Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) comenzaron 2023 con reivindicaciones laborales y salariales tras unas jornadas de huelga en 2002. - Foto: B.P.R.

La misma opinión crítica tiene el Decano del Colegio de Procuradores, Andrés Taberné, «porque el año judicial ha arrancado como terminó, colapsado absolutamente. Es un perjuicio para los ciudadanos, porque hay muchos que necesitan ver terminados sus pleitos. Hemos pasado las Ferias y vemos que sigue igual, un 20 o 30% de la actividad que era habitual en otros años», estima el procurador. 

El Juez Decano de Guadalajara, Ricardo Gallego Córcoles, espera con «optimismo» que «se vayan resolviendo poco a poco los problemas que tiene la Justicia. Sobre todo, lo que es la renovación del CGPJ. Esperando también que haya más medios para la administración de Justicia», demanda.

En un punto de vista más crítico se encuentran los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y los otros trabajadores públicos de la Administración de Justicia.

Los empleados públicos de la Administración de la Justicia que estuvieron dos meses de huelga, lo que ocasionó la protesta de abogados y procuradores. - Foto: Javier Pozo

«Parece que la huelga, a ellos, les ha sido indiferente porque no sabemos cuando vamos a poder recuperar la normalidad con todo el atascazo que se formó. Tampoco pusieron en marcha los planes de recuperación por la huelga. Con lo cual, no demuestran ninguna prisa por normalizar el servicio, por lo menos a situaciones similares a antes del conflicto. Solo en base a nuestra responsabilidad, se está empezando a normalizar», comenta el delegado de la asociación UPSJ en Castilla-La Mancha y LAJ en Guadalajara, Luis Gómez, quien detalla que él ha redoblado su agenda por «responsabilidad» y ya ha completado las citas disponibles hasta diciembre. «Eso significa que, en agosto, aunque es inhábil, hemos trabajado muchísimo porque nos preocupa que el servicio funcione lo mejor posible», añade.

Por su parte, el presidente de CSI-CSIF estima que la situación actual no será suficiente para desatascar toda la actividad judicial que quedó suspendida por las huelgas: «Cuando se produce la suspensión de una vista, ya tenemos hechos unos señalamientos y hay que buscar otro hueco en la agenda para volver a celebrarlo. El problema que tenemos es que están las agendas llenas. Con lo cual, todo se va dilatando. Causa un perjuicio a los ciudadanos, no solo que se retrase la solución de los asuntos, sino que la ejecución de los mismos. ¿De qué te sirve ganar una sentencia si luego no se ejecuta?», se pregunta.

Reivindicaciones

A la espera de lo que ocurra con el incremento salarial comprometido con jueces y fiscales para octubre, los LAJ y los trabajadores públicos de la Administración de la Justicia mantienen vivas sus reivindicaciones. 

«Nuestro acuerdo lo han incumplido. Tenían que haber hecho efectiva la subida del 40% en julio, como muy tarde, y se ha incumplido. Se ha reactivado la conflictividad otra vez. No vamos a esperar. Ya les hemos dicho que estamos sentando las bases para exigirlo legalmente», informa Luis Gómez, que expone que han dado un plazo de tres meses para iniciar la judicialización de su acuerdo sin esperar a que el Gobierno deje de estar en funciones. «No hay ninguna justificación objetiva para incumplir el acuerdo con los LAJ», reitera.

En cambio, Pablo Moya advierte que «lo que sí que tiene que saber el próximo Gobierno que entre es que hemos puesto toda la carne en el asador porque es un conflicto que lleva alargándose mucho tiempo en la Administración de Justicia y tiene que resolverse. Queremos una negociación efectiva y real y que el Ministerio cumpla con sus acuerdos», en relación a lo firmado con otros cuerpos que, eso sí, pide que pasen «por mesa de negociación»; al igual que reclaman que se les tenga en cuenta para Ley de Eficiencia Organizativa «en todo aquello que afecte a nuestras condiciones laborales, movilidad, retribuciones, destinos, especialización en las funciones, eso sí que tiene que ser objeto de negociación».