La trama política de los ERE se desdibuja, pero aún quedan muchas preguntas por responder. Y es que, el laberinto de la causa, que volverá pronto a la Audiencia de Sevilla para que dicte nuevas sentencias después de las recientes resoluciones del Constitucional, encara ahora un proceso largo, de meses, que está plagado de incógnitas sobre cómo será el procedimiento judicial, ya que no existen precedentes.
La revisión de la docena de recursos del caso acabó la semana pasada en el Tribunal de Garantías con sentencias que rebajan las penas de inhabilitación de antiguos altos cargos como el expresidente andaluz Manuel Chaves, y la anulación de condenas de cárcel por malversación a otros como el que fuera su sucesor, José Antonio Griñán.
Poco a poco, las notificaciones, en las que el Constitucional ordena que se elaboren nuevos fallos, están llegando a la Audiencia de Sevilla, si bien las últimas, que hacen referencia a los exdirigentes de la Junta, aún no se han recibido, lo que augura un desarrollo prolongado en el tiempo.
Una vez que estén todas, el primer paso, que será siempre después del verano porque agosto es un mes inhábil, será la constitución de la sala. El problema radica en que solo una de los tres magistrados que dictaron la sentencia de los ERE sigue en la Audiencia Provincial. La primera incógnita, por tanto, estará en cómo se conformará la sala. Después, habrá que determinar el procedimiento judicial y si, por ejemplo, se dará vista a las partes.
Se trata de «un melón por calar» en el que es «muy difícil» hacer una aproximación de cómo será el proceso, según fuentes judiciales, que prevén un camino largo porque «existen muchas dudas» por la falta de referencias similares.
Respecto a la posterior deliberación del tribunal, que previsiblemente llevará «meses», también hay interrogantes sobre si desembocará en una única nueva sentencia o en diferentes fallos judiciales.
El Constitucional ha resuelto de forma independiente cada recurso, pero tanto la Audiencia de Sevilla como el Supremo, en su momento, emitieron un único dictamen, por lo que «la lógica jurídica» apuntaría a ese mismo procedimiento.
Entre los nuevos fallos que deberá dictar el órgano provincial hay diferentes casuísticas. De la docena de recursos, 10 han sido estimados parcialmente y dos rechazados.
Las resoluciones, adoptadas con la mayoría progresista de siete magistrados frente a los cuatro conservadores, suponen un vuelco a la sentencia dictada en la pieza política del caso, cuyos protagonistas fueron condenados ya por la Audiencia y ratificados por el Supremo.
En el caso de Griñán, la consecuencia de la revisión es que el expresidente, que no llegó a ingresar en prisión para cumplir su pena de seis años debido a su enfermedad, no entrará definitivamente en la cárcel, ya que se ha anulado la malversación. Como él, otros antiguos altos cargos han visto extinguidas o reducidas sus condenas de malversación y cinco de ellos han salido ya de prisión, como la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, que estaba en régimen de tercer grado. Diferente es el caso del exconsejero Antonio Fernández, del que se deberán «reducir», pero no suspender, las penas de cárcel.
En cuanto a la prevaricación, obliga a reducir la pena de nueve años de inhabilitación de Chaves o de la exministra Magdalena Álvarez, o de 15 de Griñán, entre otras.
Todos ellos esperan ya una nueva sentencia, en una especie de déjà vu que vuelve a poner el caso en el foco político y judicial tras casi década y media. Además, dicte lo que dicte la Audiencia, será recurrible, por lo que todavía quedan varios capítulos por escribir.