La Plataforma Intersindical frente al Colapso Sanitario vuelve a salir a las calles, en esta ocasión frente a la Delegación del Gobierno en Toledo, para reclamar «certezas y transparencia» por parte del Estado y preservar el actual sistema de Muface.

Según ha explicado el presidente de ANPE en Castilla-La Mancha, Martín Navarro, dicho convenio afecta a cerca de 74.000 trabajadores del sector público en la región. Navarro ha criticado la «avaricia de las aseguradoras» y la «incapacidad del Gobierno para articular una licitación que se ajuste a las necesidades» que reclaman.

Los mutualistas han criticado la situación «de incertidumbre» que viven con «retrasos y cancelaciones de tratamientos». Desde la Plataforma Intersindical consideran que esta situación se podía haber solucionado «con diálogo y consenso» sentándose en una mesa con el Ministerio de Sanidad y las aseguradoras para obardar el asunto.

Pese a la insistencia por parte de los mutualistas de celebrar una mesa de negociación todavía no han recibido respuesta por la ministra del ramo, Mónica García. Creen que lo que viven es un «mercadeo con la salud» y que se están utilizando a los funcionarios públicos como «rehenes» por la incapacidad de gestionar el problema.

El próximo 4 de marzo termina el plazo de negociaciones y los mutualistas confían en que puedan llegar a un acuerdo aseguradoras y Gobierno central para seguir prestando este servicio que afecta a cerca del 65 por ciento de los funcionarios públicos.

Navarro ha pedido un «acuerdo justo», acorde al mercado de la salud actual, y que tenga en cuenta que, para sostener el actual sistema de mutualidad, los funcionarios públicos destinan un porcentaje de su nómina a sostener este servicio que lleva en funcionamiento desde hace más de 50 años.