El grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha registrado una enmienda al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y de creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, que busca modificar la Ley de Caza regional. Este cambio permitiría conceder al titular del aprovechamiento cinegético ejercer el derecho de caza en vías, caminos y senderos de uso público, así como en vías pecuarias que atraviesen el interior de un terreno cinegético.

Una modificación a la que se han opuesto con determinación Ecologistas en Acción, la Federación de Deportes de Montaña y la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos, entre otras. Estas tres entidades exigieron este lunes al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y al PSOE que retiren esta enmienda.

El portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Hernández, informó de la entrega este lunes de un manifiesto al presidente García-Page con la esperanza de que, antes de mañana, martes, día en el que se debatirán esta y otras enmiendas de los grupos parlamentarios al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas, dé la orden de retirada y «se abra un debate». 

Explicó que el grupo parlamentario socialista, mediante el procedimiento empleado para modificar la Ley de Caza por la puerta de atrás, «ha hurtado la participación ciudadana porque esta enmienda ha sido incluida a última hora dentro de una ley que no tiene relación con este tema». 

Los firmantes del manifiesto consideran, además, que es «ilegal», pues «contraviene los derechos constitucionales de la ciudadanía y supone una grave afección al uso público». Hernández explicó, en este punto, que estas infraestructuras verdes que quieren utilizar ahora para cazar «son zonas de dominio público, ni siquiera son propiedad de la Administración, por lo que no se puede coartar por ejercer una actividad privada» como es la caza.

Otras instancias. El portavoz regional de Ecologistas en Acción anunció que, si la enmienda es aprobada finalmente hoy en las Cortes regionales, las entidades firmantes del manifiesto pondrán este asunto en conocimiento del Ministerio de Transición Ecológica y del Defensor del Pueblo pues la normativa castellanomanchega «transgrediría la normativa estatal de vías pecuarias». El departamento que dirige Teresa Ribera podría, a juicio de Hernández, «iniciar los procedimientos oportunos para que se subsane este error». 

Asimismo, continuarán con la campaña de recogida de firmas a través de Change.org. Hasta la fecha llevan 5.000 rúbricas y el apoyo de «más de 80 organizaciones de diferente ámbito».