El recibo del agua que llegará a los vecinos de la capital durante este mes de abril, correspondiente al primer trimestre del año, incluirá el denominado "canon medioambiental" establecido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Así lo hicieron saber hoy los concejales de Economía e Infraestructuras del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban y Santiago López, quienes comparecieron en rueda de prensa para ofrecer los detalles del que calificaron como "impuestazo de Emiliano García-Page".
Según recordaron los ediles del PP, aunque esta nueva carga fiscal "viene impuesta por el Gobierno regional", los ayuntamientos son las administraciones que están obligadas a cobrarla en base a la normativa autonómica. "Nada tenemos que ver en esto ni el Ayuntamiento de Guadalajara, ni ningún ayuntamiento, ni Guadalagua como empresa concesionaria del ciclo integral del agua en la ciudad", quiso aclarar Esteban.
El ya conocido como "canon del agua" supondrá una recaudación estimada de cuatro millones de euros al año en la ciudad de Guadalajara. En concreto, por los meses de enero, febrero y marzo, ya se sabe que el Consistorio capitalino tendrá que abonar 80.000 euros por el autoconsumo municipal y los vecinos, tanto particulares como empresas, pagarán 916.000 euros en su conjunto.
Santiago López detalló que con la aplicación de este nuevo impuesto, el recibo del agua de una familia media subirá un 21% respecto a 2024 y pasará a pagar 32 euros más al año. En el caso de un pequeño comercio local, el canon del agua supondrá el 40,4% del recibo, lo que se traduce en un incremento del 70% y 86 euros más cada año. Para una pequeña industria de bajo consumo, se estima un incremento del 60% en la factura, es decir, 114 euros extra anuales. Un supermercado se calcula que deberá pagar 828 euros más al año (+48%); un establecimiento hostelero, unos 800 euros anuales adicionales; una carnicería, casi 3.500 euros; y una lavandería, en torno a los 10.000 euros. Para un colegio, la subida anual será de 4.000 euros (+85%), mientras que una industria de alto consumo tendrá que abonar unos 10.200 euros más al año y un centro de salud o una instalación deportiva, más de 10.200 euros.
Los concejales del equipo de Gobierno aprovecharon su intervención pública para detallar que este nuevo impuesto consta de dos partes: una cuota fija, que dependerá del tipo de suministro y del diámetro del contador, y una cuota variable, que oscilará en función del consumo de agua (a más consumo, más importe a pagar). Así las cosas, "todo el mundo va a pagar más" con su entrada en vigor a pesar de que incorpora algunas bonificaciones.
Por otro lado, los ediles populares indicaron que, a partir de ahora, los recibos del agua incorporarán un apartado que especificará el importe que supone este nuevo canon con el objetivo de que los ciudadanos y las empresas sepan diferenciarlo del resto de conceptos. Del mismo modo, el reverso de las facturas de abril adjuntarán una "nota informativa" en la que se explicará "qué es el canon medioambiental, por qué hay que pagarlo, quién tiene que pagarlo y cómo indentifcarlo en la factura", enumeró López Pomeda. "Queremos ser absolutamente transparentes con este impuesto que el Gobierno del Ayuntamiento no puede negarse a aplicarse porque así obliga la administración regional, pero que nos parece injusto y totalmente innecesario ya que perjudica a las empresas y a las familias y encarece el coste de vida en la ciudad", añadió.
«A cambio de nada»
Desde el equipo de Gobierno volvieron a insistir que este nuevo impuesto "lo pagaremos a cambio de nada" porque la ciudad no recibirá ningún servicio ni inversión ni mejora en infraestructuras hidráulicas. "Su único objetivo es recaudar", aseveró Alfonso Esteban. Además, el edil popular volvió a desmentir que se trate de un canon impuesto desde una directiva europea del año 2000, tal y como se alude desde el PSOE. "Si fuera obligatorio, todas las comunidades autónomas ya lo estarían pagando y no es verdad porque la vecina Madrid no lo tiene y si fuera así, pues se llevaría incumpliendo la ley 25 años", argumentó el concejal de Economía. "Es un capricho de Page con el único fin de meter la mano en los bolsillos de los vecinos y empresarios", declaró.
Santiago López se unió a estas críticas y solicitó al Gobierno regional "que se frene, por favor, este despropósito y esta sangría fiscal que va a gravar a familias y empresas y que pone en desventaja a Castilla-La Mancha con respecto a otras autonomías cercanas como Madrid.