El Partido Popular ha tardado mucho en pedir la reunión de la Diputación Permanente del Congreso para abordar todos los problemas que no solo no han desaparecido en el verano sino que se han exacerbado a añadir a los que se han creado durante la canícula. El líder del PP ha estado convaleciente de una operación de desprendimiento de retina, pero los dirigentes de guardia han tratado de mantener viva la llama de la oposición, aunque da la impresión de que no han tenido el suficiente empuje como para marcar la agenda veraniega frente a un ministro de Transportes, Óscar Puente, que además de ocuparse, o no, de lo suyo, ha encontrado tiempo para criticar a los jueces del Tribunal Supremo por no aplicar la ley de amnistía.
La mejor noticia para el nuevo periodo de sesiones sería que el PP encontrara el tono adecuado para ejercer la oposición con propuestas genuinas y a ser posible coherentes y pactadas, primero, con todos sus barones. Afirmar que Pedro Sánchez desatiende el problema de las migraciones irregulares porque está "en la tumbona tomando el sol" cuando va a emprender un viaje a Mauritania, Senegal y Gambia es una crítica fácil para las redes sociales, lo mismo que criticar a Puente por "estar jugando al golf" cuando se desató el día de la crisis ferroviaria y tras explicar las razones del caos.
El PP va a iniciar la ofensiva contra el Gobierno, con el fin de tratar de desgastarle y sacarle las contradicciones internas con todos los asuntos pendientes, desde las elecciones en Venezuela, en la que ha explicado reiteradas veces su posición en línea con la UE, a la ley de amnistía sobre la que finalmente presentará un recurso de inconstitucionalidad acompañado de tres recusaciones de magistrados progresista que no saldrán adelante. El PP insistirá en la petición de explicaciones sobre la llegada, estancia y huida de Puigdemont, con la petición de las dimisiones de los ministros de Interior y Defensa, que tienen el handicap de que la primera huida del expresidente catalán se produjo durante un gobierno de Mariano Rajoy, y su persecución judicial por el Supremo pinchó en hueso.
Donde el Gobierno tendrá más difícil dar explicaciones es en cuanto al cumplimiento del pacto político con ERC que ha hecho presidente de la Generalitat a Salvador Illa. El cambio copernicano de posición sobre la financiación singular de Cataluña tiene detractores dentro y fuera del Ejecutivo y del PSOE, y más que en las consecuencias que tendría su implantación, el PP podría hacer más daño haciendo ver lo evidente, la imposibilidad de que esa reforma se ponga en marcha, algo que incluso los firmantes del acuerdo deben saber.
Que el PP fijara una postura común sobre la reforma de la financiación autonómica y también sobre el reparto de menores migrantes y el resto de la política sectorial, que se vea que no es un contencioso con la ultraderecha, contribuiría a reforzar el carácter de alternativa del partido conservador para cuando se convoquen elecciones generales que todavía no están a la vista por mucho que se entone el "¡Váyase, señor Sánchez"!