La acusación particular que ejerce la joven que denunció al futbolista Dani Alves por presuntamente agredirla sexualmente en el lavabo de una discoteca de Barcelona ha reclamado para el jugador una condena de 12 años de cárcel.
La abogada de la joven, Ester García, ha presentado este martes su escrito de acusación, consultado por Europa Press, para el juicio que se celebrará en la Audiencia de Barcelona y para el que Alves espera en prisión provisional desde el 20 de enero.
La acusación particular expone en su escrito los mismos hechos que la Fiscalía atribuye a Alves y por los que en su escrito, que ya presentó, la acusación pública reclama una condena de nueve años de prisión por la presunta agresión sexual en la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022.
La abogada de la denunciante expone que la víctima sufrió lesiones físicas en la rodilla y lesiones psíquicas que le comportaron sintomatología ansiosa depresiva con un impacto "significativo" a causa de un trastorno de estrés postraumático, según respaldan informes forenses que ha presentado para el juicio.
Por eso, además del presunto delito de agresión sexual la acusación particular también atribuye a Alves un presunto delito de lesiones, por el que reclama una pena multa de 13.500 euros.
Quiere orden de alejamiento
También pide que se imponga al futbolista una orden de alejamiento de la víctima de un kilómetro durante 10 años más que la pena de prisión que reciba, y reclama un periodo de libertad vigilada durante 10 años después de que salga de la cárcel.
La acusación particular reclama que Alves indemnice a la víctima con 150.000 euros por las lesiones físicas y psicológicas que ha sufrido.
Pide proteger su intimidad
La abogada invoca en su escrito el Estatuto de la Víctima para pedir que durante el juicio el tribunal tome las "medidas que sean necesarias" para proteger la intimidad de la denunciante.
En concreto, ha solicitado que en el juicio se evite la confrontación visual entre víctima y acusado (lo que suele hacerse con una mampara), que el juicio se haga a puerta cerrada (sin público, a diferencia de lo habitual), y que profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima asistan a la denunciante.