El debate sobre el aumento de gasto militar se contesta desde Izquierda Unida, uno de los socios del Gobierno central, con un claro rechazo. El eco pacifista revive en las filas de una formación que aspira a una legislatura completa, desea un frente amplio de izquierdas y se adentra en la necesidad de cambiar el modelo de financiación autonómica.

Han apoyado los gobiernos de Pedro Sánchez y han incorporado ministros, una situación inédita en democracia. ¿Cree que el votante distingue su aportación?

Toda organización política tiene la obligación de hacer pedagogía de su acción. Nos toca transmitir las decisiones que han mejorado la vida de la mayoría social. No me preocupa la disputa por la autoría porque la sociedad española, que es democráticamente madura, sabe distinguir qué es lo que nosotros hacemos. Y sabe también que el PSOE, si hubiera gobernado solo, no lo habría hecho. En política laboral, en política sanitaria o en atención a menores hay un elemento distintivo que viene dándose, antes con Unidas Podemos y ahora con Sumar, en los que ha estado integrada Izquierda Unida, y que demuestra que hay otras políticas que no se hicieron en la etapa del bipartidismo.

Esas políticas no solo son ejecutables y posibles, sino que, además, son más eficaces. Un ejemplo es la subida del salario mínimo que en estos años se ha encontrado con el aspaviento de los empresarios diciendo que no iba a generar empleo. Ahora estamos en las mejores condiciones de creación de empleo y la subida desde 2018 ha sido de casi 350 euros.

Nuestro deber es explicar cuáles son nuestras obligaciones como Gobierno y también marcar posición sobre aquellos asuntos que vienen sobrevenidos por una realidad que es cambiante, muy compleja y no están en el acuerdo de investidura.

Esperan terminar la legislatura. Aunque el Ejecutivo es de izquierdas, los apoyos parlamentarios incluyen a PNV o Junts, dos formaciones más a la derecha.

En política hay que gestionar la realidad existente. Se puede idealizar, pero el problema de hacerlo es que se choca. Hay una correlación de fuerzas en el Congreso que no es de izquierda, pero sí hay un Gobierno con formaciones de carácter progresista . Es indudable que en el impulso de Gobierno que no depende de acuerdos parlamentarios se abordan estrategias de gestión muy positivas, aunque, obviamente, la mayoría de las grandes líneas estratégicas de un Gobierno tienen que ser refrendadas por el Parlamento.

Hasta ahora, a pesar de la incertidumbre, debemos destacar que hemos tenido grandes triunfos, como en su momento fue la reforma laboral o próximamente será la reducción de la jornada. Además, tenemos una gran asignatura pendiente, el gran debate de nuestro país, que es la reforma fiscal. Es un asunto que, con partidos como PNV o Junts, resulta muy difícil de gestionar en términos de distribución de renta

Los últimos Presupuestos Generales del Estado son de 2023 y se aprobaron en noviembre del año anterior. ¿Es posible gobernar sin esta previsión?

La situación ideal es gobernar con presupuestos. Si no los hay, se puede gobernar. Además, en este caso, nos encontramos en un contexto expansivo que, en términos económicos, neutraliza el supuesto impacto ralentizador de que no están aprobados. La gran virtud que tienen es que ofrecen una certidumbre en la ejecución del gasto y en la canalización del desarrollo de las políticas del Gobierno. Pero en un contexto expansivo como en el de ahora, es menos gravoso que no lo haya. No se podría decir lo mismo si hubiera un contexto de restricciones o de recortes, porque los presupuestos tendrían que reflejar ese ciclo regresivo. 

IU quiere presupuesto. Somos partidarios de que el propio Gobierno los presente para que todos los grupos se posicionen, sin hacer un drama si no se consigue.

La quita de la deuda autonómica, ¿es una oportunidad expansiva o premia a aquellos que no han gestionado bien?

Es que, si me permite, el marco es diferente. La quita de la deuda es el reconocimiento de que el invento del FLA [Fondo de Liquidez Autonómica] que hizo el Gobierno del PP fue una injusticia en las comunidades autonómicas. La quita de la deuda se hace desde el reconocimiento de que la Administración General de Estado atacó a las comunidades en un contexto de crisis durísima. Y, por tanto, satisface una demanda que no tiene que ver con los diferentes estados de cada región, sino con la necesidad de que esa deuda, que no desaparece, sino que se transfiere al Gobierno central, sea negociada en mejores condiciones.

Es muy difícil que un Gobierno autonómico rechace la quita de deuda. Y no tanto por el principal, sino por los intereses que se pueden dedicar a mejorar la educación, la sanidad o los servicios sociales de cada comunidad. Van a disponer de unos 100 o 200 millones de euros al año que antes pagaban en intereses financieros para emplearlos en colegios o en la plantilla de médicos. Cada Gobierno deberá explicar por qué rechaza la quita de la deuda. 

La quita de la deuda solo tiene sentido como prólogo de la financiación autonómica. No puede ser un hecho aislado, sino el preámbulo para el abordaje de un modelo de financiación que corrija los desajustes del anterior sistema, un modelo caducado desde hace once años y que necesita un planteamiento federal. Pero las derechas variadas de nuestro país rechazan el debate sobre financiación autonómica. Porque ahí no hay patria que valga: Junts, Vox, PP y PNV coinciden para no hablar de ello. Y hay que hacerlo para definir el coste de los servicios y quién tiene que financiarlos.

La marca IU es reconocible por el electorado. ¿Aspiran a tener un protagonismo mayor en Sumar?

Nuestro papel se enmarca en la construcción de un frente amplio que aglutine todo el espacio de la izquierda transformadora, a partir de un acuerdo programático de mínimos, y que se convierta en un instrumento útil para las aspiraciones populares de mejora vital. Eso solo se puede hacer desde la apelación a un proceso unitario, sin vetos y con todo el espacio dentro. La referencia de quien lo ha de liderar se debe resolver a través de primarias y con censos acordados. 

Sobre esa situación, nos proponemos como una organización que aspira, como siempre ha hecho, a presentarse en las elecciones. Eso está fuera de duda. Pero nuestro ideal es hacerlo en un frente amplio y permanecer en un espacio que garantice un Gobierno en España que no sea reaccionario. 

Dimos un maravilloso ejemplo en julio de 2023, cuando todo el mundo pensaba que iban a gobernar PP y Vox y se les dio un portazo en forma de unidad. Fuimos quince las organizaciones políticas que conformamos una única candidatura. Hasta 2027, con tranquilidad, sigilo y discreción, se pueden crear las condiciones para la unidad. Y mientras tanto, a seguir haciendo una buena gestión en el Gobierno.

¿Hay que incluir a Podemos?

IU lo tiene claro, pero es algo que le toca decidir a cada organización. Quizás nosotros seamos los únicos que hemos dicho que todo el mundo tiene que estar dentro.

En la década de los noventa mantuvieron una buena sintonía con el PP. El pasado mes de octubre, Sumar y PP votaron dos propuestas parlamentarias al margen del PSOE. ¿Hay alguna posibilidad de acuerdo entre IU y PP? 

No. Y hay que diferenciar dos cosas. Por una parte, estamos en una etapa en la que hay que normalizar la cultura de la coalición y el que haya debate político dentro de un Gobierno. Lo hemos ejemplificado en los últimos días con la discusión sobre los gastos militares y la política de defensa que viene impuesta por la Unión Europea. Ha sido un acto de profundización democrática. Por otra parte, también hay que normalizar que, en un contexto donde nadie tiene mayoría absoluta, se articulen propuestas vinculadas a la aritmética parlamentaria. Pero, en cualquier caso, es muy difícil llegar a acuerdos con el PP; solo se han dado con carácter excepcional y así va a seguir siendo.

¿Cómo es la paz que quieren para resolver la guerra en Ucrania? 

IU es un partido con historia y unos cimientos de política internacional bien asentados. Históricamente, hemos defendido un sistema de seguridad basado en el concepto de seguridad compartida. Esta idea establece que la seguridad de un país solo es real si no afecta a la seguridad de otros. Defendemos un acuerdo de paz, desde Lisboa hasta los Urales.

Hace tres años, condenamos la invasión y el ataque de Rusia a Ucrania. Y defendimos un alto el fuego liderado por Naciones Unidas y por la OSCE [Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa], una organización que se creó para la paz en suelo europeo y fue laminada por los Estados Unidos y la OTAN con el acuerdo de Roma de 1991.

Hoy, decimos que los miles de soldados y civiles rusos y ucranianos muertos no han servido para nada. No queremos que haya una víctima más. Exigimos un alto el fuego y una conferencia de paz en la que intervengan tanto Rusia como Ucrania bajo el auspicio de Naciones Unidas y no de los Estados Unidos. 

El problema de la Unión Europea es que renunció hace tres años a ejercer una voz diferente y se plegó a los intereses de la OTAN y Estados Unidos. Y, ahora, no es protagonista de los esfuerzos de paz que hay.

Se oponen al aumento del gasto en defensa.

Difícilmente una espiral bélica ayuda a la paz. La mejor inversión que se puede hacer es desde un sistema de seguridad basado en la cooperación, la resolución de los conflictos a través del diálogo, la no agresión y el respeto a las organizaciones políticas de cada país. Y eso es incompatible con la existencia de la OTAN y su aspiración estratégica.

Queremos la disolución de la OTAN: solo ha generado tragedias y guerras, y ha servido para alimentar los intereses de Estados Unidos y de su complejo industrial militar. Asimismo, ha roto una estrategia pacifista que está en los cimientos de la construcción de la Unión Europea.

Por esas razones no estamos de acuerdo con el aumento del gasto militar, pero sí con invertir en gasto social y contribuir a una sociedad pacífica y ausente de conflictos. Además, nos sentimos profundamente conectados con un sentimiento pacifista de la sociedad española, que en el último CIS planteaba su desacuerdo con el aumento de gasto militar: un 50,8% decía que no había que incrementarlo.

Marruecos avanza en la soberanía del Sáhara Occidental. Su partido es pro saharaui, pero el PSOE es una formación muy próxima a Rabat. Asoma una contradicción entre socios y fuerzas de ideología cercana.

El PSOE es el partido más próximo a Marruecos. Pero no hay contradicción, es que cada partido tenemos nuestra posición. Cuando este Gobierno reconoció al Estado palestino, dijimos que la siguiente aspiración debía ser la del reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática. Y no vamos a cejar en ello. 

Tenemos una deuda como país con el pueblo hermano saharaui. No coincidimos absolutamente en nada con la política respecto al Sáhara que tiene el PSOE. Este partido deberá explicar por qué está aislado en nuestro país por su alianza con Marruecos hasta el punto de negar lo que es un débito de una antigua colonia en la que España tiene una responsabilidad.

¿Hay que planificar la política migratoria? El cierre de fronteras se intuye ilógico y no es humano, pero tampoco parece asumible una política de puertas abiertas.

Toda política tiene que ser planificada. Somos gente de izquierda que defendemos la planificación democrática hasta de la economía. El problema es que llevamos demasiados años convirtiendo la migración en un problema de orden público, restricciones, control de fronteras y sospecha. Y no estamos de acuerdo en ese planteamiento: no solo lo despreciamos intelectualmente, sino que lo rechazamos políticamente.

El marco de debate sobre política migratoria se tiene que abordar desde la perspectiva social. Mire, han salido los datos sobre los riesgos de pobreza. En Castilla-La Mancha, de un año para otro, ha aumentado tres puntos la pobreza hasta llegar a un tercio de la población en riesgo y casi un 10% respecto a pobreza extrema. Y en la población migrante, esos índices se multiplican por cinco.

Hablamos de una cuestión social y de un planteamiento de integración. Con este marco queremos romper el que ha impuesto la extrema derecha. Los migrantes son españoles de primera. Es despreciable la criminalización de estas personas porque la memoria histórica del pueblo español recuerda que hace muy pocos años íbamos a Alemania, Francia, Luxemburgo o Bélgica.

Ha aludido a la pobreza, una carencia que se manifiesta más en las edades tempranas. Sira Rego, política de IU, es la ministra de Juventud e Infancia.

El mayor de los débitos es la pobreza infantil, con un índice muy por encima de la Unión Europea. Las políticas sobre infancia y juventud tienen que ser transversales; esto no es una cuestión ministerial, sino algo muy profundo, una cuestión estructural del propio Estado. 

Cuando, con el debate territorial, nos hablaban de la posible ruptura de España, desde Izquierda Unida decíamos que la verdadera ruptura de nuestro país es la de la pobreza. La diferenciación social es la gran amenaza a la unidad de nuestro país. Se necesita una política que, además, trascienda el propio ejercicio de quien esté en cada momento en el Gobierno.

Las mareas alcanzaron las alcaldías de muchas grandes ciudades en 2015, aunque las perdieron, excepto Barcelona y Cádiz, cuatro años después. ¿Qué ocurrió?

Las mareas fueron un fenómeno sobre todo urbano que reflejaron un momento concreto y que de la misma forma que se expandieron, se replegaron. Hay que evitar la nostalgia, la melancolía o el derrotismo para analizar bien esas experiencias y para aprender de ellas.

IU es una fuerza municipalista que mantiene su capilaridad y distribución por el mapa municipal de las ciudades medias y zonas rurales. Pulsamos el termómetro de lo que podíamos llamar la intrahistoria, es decir, de esa vida cotidiana que está por debajo del radar mediático y que describe muy bien la esencia de nuestro país. Y desde esas buenas prácticas municipales gobernamos centenares de ayuntamientos con ejemplos formidables de potencialidad en los gobiernos locales.

Somos la única fuerza que reivindica que cuando se abra el melón de la financiación autonómica también lo haga el de la financiación local. Las administraciones locales son las más ahogadas por el soporte económico y financiero. Y eso no es ajeno a que en un Gobierno apoyado por candidaturas con poca raigambre o sostenibilidad organizada, el Ejectutivo se desmembre o se venga abajo ante las dificultades. Quizás así se puedan explicar los movimientos expansivos y de desaparición de las mareas, por la falta de sostén o red organizativa que aguante las dificultades cuando se está gobernando.

Emiliano García-Page fue el primer socialista que incluyó a Podemos en un Gobierno regional, aunque su voz suele contrariar la de Sánchez.

Page es un gobernante conservador. Decir conservador no implica que sea de un partido conservador, sino que es conservador en términos de propuestas políticas. Hay un dato que me llama la atención: el Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene ley de memoria histórica o democrática. Como me decía con cierto humor un compañero en Puertollano en la pasada visita que hice a Castilla-La Mancha, si aquí ganara la derecha no tendría que desmontar ninguna política de memoria, porque no se ha hecho. Eso refleja también ese sentido conservador derechizante o derechizado que tiene Page. 

Además, hace un papel que me llama la atención por la falta de cohesión y lealtad con sus correligionarios del PSOE, aunque esta sea una cuestión que el propio PSOE tendrá que dirimir. Creo que representa un ala de derecha donde parece que está mucho más cómodo hablando con [María] Guardiola, la presidenta de Extremadura, que con Pedro Sánchez. Es algo llamativo.

Más allá de Page, sí me gustaría hacer una apelación a la gente de izquierda transformadora y de izquierda alternativa de Castilla-La Mancha para que se articule una propuesta solvente, de carácter político y a través de un proceso participativo, que diseñe un modelo de gobernanza y represente a un sector que ahora mismo está huérfano. Debe empezar ya y debe tener representación en las próximas elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha. Y a eso vamos a contribuir desde IU.