Agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha han protestado frente al Palacio de Fuensalida, en Toledo, para reclamar que se convoquen elecciones al campo y que el Gobierno autonómico se siente a dialogar con Unión de Uniones, como ya hace el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Desde la organización agraria han pedido el cese del trasvase de dinero de la cuantía asignada en los Presupuestos Generales a Desarrollo Rural para destinarlo a la empresa pública Geacam. 

El presidente regional de Unión de Uniones, Andrés García Vaquero, ha detallado que por cada hectárea en la que la empresa pública realiza labores de prevención de incendios percibe 7.000 euros del Programa de Desarrollo Rural (PDR), mientras que los agricultores y ganaderos reciben 1.000 euros por el mismo trabajo.

Por su parte, el presidente de la Plataforma de Agricultura y Ganadería Ecológica, Anastasio Yébenes, ha denunciado la expulsión de hasta "5.000 agricultores" por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. A su juicio, ese dinero "pertenece" al campo y, por tanto, no debería trasferirse a la empresa pública.

Yébenes ha dicho que no quieren "ser más" que los trabajadores de Geacam, por lo que ha reclamado que se pague lo mismo a un agricultor que a un funcionario de dicho ente público.

Desde Unión de Uniones han reivindicado las labores del sector agrario en materia de prevención de incendios y de desarrollo rural, y han acusado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de "vender" a la sociedad una agricultura y ganadería sostenible "por un puñado de votos", cuando realmente "no les importa" el campo.