La Delegación de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades en Guadalajara ha requerido de nuevo, este mismo lunes, al Ayuntamiento de la capital, que "ejerza su acción" y "actúe lo más rápido posible" en el muro de la discordia de capilla Luis de Lucena dado que es de su competencia y no del Gobierno regional, al no estar catalogado como elemento patrimonial.
Si bien por decisión del Ayuntamiento estaban cerradas ya las visitas a la capilla, dado el mal estado del muro, el delegado de Educación y Cultura, Ángel Fernández-Montes, ha remarcado este mismo lunes que ahora la Junta de Comunidades si les ha dado dispensa para que lo cierren pese a que actuaron previamente "de manera irregular" y ha incidido en que ahora tendrán que tirar el muro y luego pedir permiso con el informe correspondiente sobre lo que se va a poner después teniendo en cuenta que al estar en el entorno de un Bien de Interés Cultural (BIC) como es la capilla, tiene que ser Patrimonio el que de la autorización.
A las puertas de la capilla Luis de Lucena, el delegado de Educación y Cultura ha insistido en que el propio Consistorio, al declarar en un informe que el muro estaba en "riesgo inminente de ruina" es ahora al que compete hacerse cargo de la actuación pertinente en el mismo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, donde se recoge que "aquellos elementos que estén en peligro de ruina inminente, le corresponde la Administración Local, en este caso al Ayuntamiento, realizar todas las actuaciones al respecto".
La Junta pide al Ayuntamiento que actúe lo antes posible sobre el muro - Foto: Lara Ranz"Las competencias son irrenunciables", ha remarcado Fernández-Montes, recordando que así se lo han indicado los servicios jurídicos de la Delegación. "Si fuera el BIC, podríamos actuar, pero no lo es" y "si ocurre algo, el es responsable", ha subrayado, insistiendo en que esto es al declararlo en estado de "inminente ruina", es el Consistorio el que tiene que actuar aunque luego requiera al propietario del muro los gastos.
No parece haber plazos para ello. Sin embargo, según Fernández-Montes, "las normas están para cumplirlas y para saber leerlas, y tal vez no se han sido lo suficientemente fino en su lectura", ha abundado.
"No nos merecemos que este BIC esté cerrado por una situación que se resuelve en dos días y teniendo una competencia el Ayuntamiento sobre el muro", ha incidido.
En este sentido, Fernández-Montes ha remarcado la competencia del Ayuntamiento en este sentido "es irrenunciable" por lo que no sabe a qué están esperando dada cuenta.
Y ante esta situación, el pasado día 23, desde la Delegación de la Junta de Comunidades se emitió un informe dirigido al Ayuntamiento en el que, además de argumentar que al no ser el muro un elemento patrimonial es el Consistorio el que tiene que hacerse cargo de ello y pasar luego los costes precisos al propietario, también se declara la dispensa de la obligación de visita.
En el mismo se comunica además que se ha requerido al Ministerio de Cultura, como propietario de la capilla, que actúe en la eliminiación de las humedades, y se insta al Ayuntamiento a que realice las obras de reparación oportunas para devolver la seguridad al espacio de entrada de la capilla y se pueda abrir este bien a las visitas.
Fernández-Montes remarca que las acciones que tiene que acometer el Ayuntamiento "son pequeñas", y no ha querido ver mala fe en las declaraciones realizadas el pasado día 15 en rueda de prensa desde el mismo, diciendo que la Delegación de Cultura no había requerido el informe técnico al Consistorio cuando si lo hizo aunque tal vez la transmisición de información dentro de esta administración "no es la adecuada".
Con cierta ironía, el delegado se ha preguntadso si estos retrasos no serán fruto de que "las cartas van en burra" dado que también se solicitó el día 11 un informe y llegó el día 18.
El delegado recuerda que únicamente la capilla es BIC y que del edificio colindante tienen protección varios laterales y que el muro de la discordia que une a ambos no está catalogado como elemento patrimonial.
Preguntado sobre las actuaciones de la Junta en el Fuerte de San Francisco, se ha limitado a señalar que en este espacio no se han visto afectadas las visitas a ningún bien y que las obras que se demanda al Gobierno regional no son tampoco competencia de su departamento.