Todo, absolutamente todo, está abierto. Incluida la cuestión previa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tenía ya preparado el Tribunal Supremo, incluidas las alegaciones pertinentes. El texto de la ley aprobada el pasado jueves en el Congreso difiere sensiblemente del que había elaborado el Gobierno en el que contó con el asesoramiento de juristas cercanos al PSOE pero que eran profesionales de reconocida trayectoria. Entre ellos Cándido Gómez Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, sobre el que caen eternas sospechas de que daría el visto bueno a la legalidad la norma. 

 Sin embargo, los que le conocen bien, siempre han dicho que no se puede cuestionar su trayectoria profesional aunque esté tintada de socialismo, y estaban convencidos de que en el caso de que el texto fuera totalmente inconstitucional, así lo diría Conde Pumpido. 

La clave de que todo esté hoy abierto es que aquella ley inicial fue enmendada posteriormente por tres personas a los que tanto Moncloa como los independentistas designaron negociadores: el abogado de Puigdemont Gonzalo Boye, hombre polémico pues hace años fue colaborador de ETA hasta el punto de ser condenado por participar en el secuestro del empresario Revilla. Además de él han participado en la elaboración de la polémica norma, el ex presidente socialista Rodríguez Zapatero, hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez; el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y el ministro de Justicia Félix Bolaños.

Esos cambios en el texto respecto al inicial pueden obligar a jueces y fiscales del Supremo a cambiar la estrategia que tenían preparada. Porque aparecen elementos nuevos a tener en consideración.

De momento, los cuatro fiscales de la Sala Segunda del Supremo que condenó a los encausados en el procés, han redactado un informe de casi 150 folios en el que llegan a la conclusión de que la ley es inaplicable para al menos dos delitos, el de malversación y el de corrupción, y argumentan las razones legales para afirmarlo. Entre ellas, que se trata de delitos recogidos por la Justicia Europea y su Tribunal de Justicia, ante el que se presentarían cuestiones previas que paralizaría la aplicación de la amnistía hasta que se pronunciara el tribunal. 

El delito de malversación afectaría directamente a Carlos Puigdemont, hasta el punto de que si regresa a España en junio, como pretende, para asistir a la sesión de investidura del presidente de la Generalitat, sería detenido y llevado a prisión. Los implicados en el caso de Tsunami Democrático estarían afectados por el delito de terrorismo, que para la Justicia europea no admite amnistía ni perdón. 

El informe de los fiscales ha sido enviado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se encuentra en un difícil momento profesional, con un bloque de conocidos compañeros, la mayoría considerados progresistas, que se han posicionado abiertamente en contra de los nombramientos y criterios de su superior. Los cuatro fiscales de la Sala Segunda del Supremo no tienen excesiva confianza en que Ortiz se interese por su informe, pero están decididos a acudir a la Fiscalía Europea si es necesario. No hay que olvidar además que esa Fiscalía Europea está siguiendo ya con gran interés los acontecimientos relacionados con el caso Koldo porque se han utilizado fondos comunitarios para la compra de material sanitario durante la pandemia.

En cuanto a los jueces del Supremo, es ahí donde coinciden las respuestas a la pregunta de cuál va a ser su reacción a la ley de amnistía cuando aparezca en el BOE: todo está abierto. Todo. Porque la reacción que tenían preparada respecto al texto inicial hay que plantearla en función de la ley aprobada el pasado jueves. 

Se puede alegar que no es aplicable para los casos de terrorismo, o para los casos de malversación, o para los dos casos. Y también pueden alegar que esa ley es contraria a la Justicia europea, y en ese caso se presentaría una cuestión previa, o varias, ante el Tribunal de la UE. Dan por hecho los jueces que el Fiscal General no va a tomar en consideración el informe de los fiscales, siguiendo la línea que ha mantenido desde que accedió al cargo, donde ha asumido todas las indicaciones de Moncloa.

La firma del Rey

Lo que está claro, y probablemente no lo había tenido en consideración el equipo de Pedro Sánchez, pues en caso contrario no habrían dado tantas alas a los que se veían ya amnistiados, es que serán los jueces los que determinarán quién puede ser perdonado y quién no. Caso por caso y viendo todas y cada una de las circunstancias. Como está claro también que magistrados y fiscales con décadas de oficio reprochan que un presidente que necesitaba siete votos para seguir en Moncloa, no ha dudado en intervenir directamente en la independencia del poder Judicial, cuando la base de la democracia es la independencia de los poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial, a cambio de contar con esos siete votos.

También el jueves Pedro Sánchez -que no intervino en ninguno de los debates parlamentarios sobre la amnistía sino que se limitó a entrar en el hemiciclo para votar, algo absolutamente impropio que lo descalifica como presidente ante su principal ley- tomó otra decisión inaudita: no la envió a Zarzuela para que fuera firmada, sancionada, por el rey, como marca la Constitución.

Sabía Sánchez, además, que el rey iniciaría ayer un viaje a El Salvador para asistir a la toma de posesión del presidente, por lo que su firma se retrasaría unos días.

Con el 9-J de fondo

La versión que se transmite desde Moncloa es que se ha decidido publicar la ley en el BOE después de las elecciones europeas, para que no influya en la campaña, pero no es creíble. Es sabido que Vox pretende que el rey Felipe no cumpla con el papel que le marca la Constitución, el mismo que marca las constituciones de las monarquías parlamentarias, que obliga al Jefe de Estado a poner su firma ante cualquier ley que disponga el gobierno y haya sido aprobada por la mayoría del parlamento. 

Hubo un rey, el monarca belga Balduino, que decidió abdicar durante tres días para no firmar la ley del aborto. Dirigentes de Vox defienden que Don Felipe mantenga ese ejemplo que, en buena lid, significaría que, al igual que hizo Balduino, impone sus principios personales antes que los que marca la Constitución.

El Gobierno, el PSOE, estaría encantado con que Vox planteara esa posibilidad y volviera a centrar un debate entre su partido y el PP, que es lo que promueve el socialismo desde que Sánchez lo dirige.

El escenario en el que se desarrolla la aplicación de la ley de amnistía, se podría envenenar aún más con esta maniobra del Ejecutivo para dar más aire a los de Abascal a costa del PP y, de paso, poner el foco en el rey Felipe y en la monarquía.

Sánchez no se pone límites. Nunca lo ha hecho. Y menos aún ahora cuando se ve cercado políticamente y su mujer se encuentra en una situación insostenible.