A poco más de una semana de la formación del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, el Gobierno de coalición ya ha protagonizado su primer desencuentro en el ámbito económico. Y lo hace con dos posturas muy diferenciadas a cuenta de la reforma del subsidio por desempleo y el objetivo de la misma, lo que ha provocado un cruce de acusaciones entre el Ministerio de Trabajo y el de Economía.

Las medidas planteadas por el departamento de Nadia Calviño, detalladas esta misma semana por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, pasan por «potenciar» el compromiso de los parados para la búsqueda y aceptación de un puesto laboral a través de subsidios decrecientes, una propuesta a la que se opone totalmente la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz.

«Le garantizo a los trabajadores de nuestro país que no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo», aseveró ayer la líder de Sumar, que evidenció su malestar y «absoluta disconformidad» con las palabras de García Andrés, avisando a Calviño que la medida es «una competencia del Ministerio de Trabajo».

Al respecto, Díaz recordó que los perceptores de esta ayuda cobran 480 euros al mes y que la intención de su departamento es «mejorar la calidad de la prestación» y «eliminar aspectos burocráticos que lo empeoran», como el llamado mes de espera. «No compartimos en absoluto la propuesta que se está formulando desde Economía», remarcó la ministra, que insistió en que «el Gobierno progresista de España no va a recortar el subsidio por desempleo, lo va a mejorar, modernizar y a mejorar el ámbito subjetivo del mismo». «Las personas trabajadoras hoy pueden estar tranquilas», concluyó.

Poco después del dardo de la vicepresidenta segunda, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, sostuvo que la futura medida -que el Gobierno tendrá que afrontar para poder captar el cuarto desembolso de los fondos europeos- no depende en exclusiva de Trabajo, sino que también está implícito el Ministerio de Asuntos Económicos, la patronal y los sindicatos.

Por su parte, Economía se desvinculó de este frente y fuentes del mismo aseguraron estar «alineadas» con Díaz, afirmando que el objetivo es que el sistema se oriente a apoyar el empleo. Es más, el Ministerio señaló que el Gobierno está intercambiando documentación «para alcanzar el pleno empleo en la legislatura». En este sentido, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subrayó que la medida aún no está cerrada por estar en fase de trabajo «técnico».

De hecho, ayer se conocieron nuevos aspectos del borrador como la ampliación de la cobertura del subsidio a más colectivos, como el de menores de 45 años sin cargas familiares, que hasta ahora carecían de protección.