El responsable de Accem en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, ha mostrado este lunes su preocupación ante el hecho de que puedan surgir ambientes y sustratos donde, poco a poco, se puedan llegar a percibirse ciertas actitudes xenófobas y rechazo hacia los migrantes, y ha pedido "medios seguros" para que los que se ven obligados a abandonar su tierra por diferentes razones, puedan hacerlo de forma segura.  

Así se ha pronunciado Carlés durante la presentación del Festival Solidario 'Refuguada' de Música que se celebrará el próximo 27 de abril en el Auditorio Pedro Díaz, un evento con el que se busca precisamente sensibilizar a la sociedad sobre cuestiones como por qué sale la gente de su país de origen.

En todo caso, el propio Carlés ha recalcado que, en todo caso, aunque hay sustratos de la ciudadanía donde se denota cierto rechazo a la migración, en general, la sociedad española no es xenófoba sino "acogedora y solidaria".

Sin embargo, pide "estar atentos por si se encienden ciertas luces rojas" y hubiera que atajar algún problema en ese aspecto. "Nos preocupa también que esto se pudiera utilizar ideológicamente como posturas populistas porque no ayuda a la integración", ha abundado tras insistir en que  "hay sustratos de la ciudadanía llenos de expresiones donde que pueden sonar a patriota hablar de rechazo a esas personas que vienen de otros lugares", ha lamentado, sin precisar más pero sí aportando algunos datos interesantes en cuento a la atención prestada desde Accem a la población migrante.

Según Carles, Accem atendió a 77.184 personas en 2023 en España, de ellos, 7.722 en Castilla-La Mancha y en Guadalajara 2.252 personas, más mujeres que hombres; fundamentalmente de países como Perú, Venezuela, Colombia, Senegal, Mali o Ucrania.

En el caso de ucranianos, aunque ha indicado que no tiene nada que ver los que llegan ahora con los que llegaron en su momento, si ha indicado que en la región atienden en su última fase a unas 190 personas frente a una quincena en la primera.

El acceso a la vivienda, el retraso de casi un año para solicitar el manifiesto de voluntad para la protección internacional y qué hacer con los mayores que llegaron de Ucrania tras finalizar las fases acogimiento ante la imposibilidad de que ya puedan trabajar, son los tres grandes problemas a los que se enfrentan a hora.

En el caso de la vivienda, ha censurado que se estén pagando precios de hasta 600 euros por una habitación cuando antes este precio era por un piso, lo que denota "abusos" por parte de algunos propietarios, y los alquileres se están situando en 900 y 1000 euros con fianzas también "excesivas", de ahí que haya pedido caminos para regular todo esto.

Además, en el caso concreto de Guadalajara, ha declarado que no se están dando citas para pedir una primera entrevista para solicitar el manifiesto de voluntad para la protección internacional hasta el 2025, situaciones que está conllevando que estas personas vivan "en tierra de nadie" todo este tiempo. "Quizá sean muchos expedientes y haya pocos trabajadores, pero han pedido una respuesta a este problema", ha subrayado Carlés.

Y en el caso concreto de la llegada de ucranianos a España a raíz de la guerra, se están encontrando con que hay personas mayores que son mayores para trabajar y que tampoco han cotizado a la Seguridad Social, pero que ya han finalizado el programa completo de Accem y que requieren una salida, y se pregunta qué va a ser de ellos, quién se hace responsable para que puedan vivir con dignidad.

Carlés ha incidido, en todo caso, en que España es una sociedad solidaria y acogedora pero que hay cuestiones que hay que solucionar porque "complican la integración de la persona inmigrante", agradeciendo la llegada de todas estas personas ya que también colaboran en las arcas del Estado y están contribuyendo a generar una sociedad nueva.