La representatividad de las organizaciones agrarias ante el Ministerio de Agricultura ha constituido un motivo permanente de polémica en el sector agrario en las últimas décadas como consecuencia fundamentalmente de los problemas de escisiones o divisiones en el seno de las propias organizaciones y, sobre todo, de la inexistencia de unos procesos electorales ordenados y autonómicos dotados de una cierta continuidad. Hoy, casi medio siglo después de aquellos comicios, Agricultura ha puesto en marcha, en base a una nueva ley del uno de abril, un sistema para medir la representatividad agraria no basado en elecciones, sino en su nivel de implantación, afiliados, servicios o participación en la política agraria.

En el antiguo régimen, la representatividad en el sector agrario para los agricultores y ganaderos estuvo marcada por las estructuras del sindicalismo vertical que se concretaban en el funcionamiento de las Hermandades de Labradores y de las Cámaras Agrarias que, sobre el papel, eran quienes canalizaban las demandas del sector. La falta de respuestas desde estas estructuras a los problemas del campo hizo que sugieran en los años setenta diferentes movimientos reivindicativos en el campo con nueva siglas, fundamentalmente de Uniones integradas en la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y, en menor medida, otras organizaciones ligadas a la Federación de Trabajadores de la Tierra finalmente integradas en la Unión de Pequeños Agricultores.

En ese contexto del nacimiento del nuevo sindicalismo agrario, las movilizaciones constituyeron un instrumento de presión fundamental para el desarrollo y la implantación de nuevas siglas, especialmente en el caso de COAG y, en menor medida, de la FTT- UPA en una casi permanente guerra reivindicativa en sectores como la leche en la Cornisa Cantábrica; el tomate, el pimiento o el espárrago en el Valle del Ebro; o la patata en La Rioja y Castilla y León.

Las movilizaciones agrarias fueron el instrumento para poner de manifiesto la fuerza del nuevo sindicalismo en el campo, pero también fueron utilizadas desde las propias instituciones en vigor, como las Cámaras Agrarias y las propias Hermandades de Labradores, que no se querían quedar fuera de las futuras negociaciones. En este escenario se produjeron las grandes tractoradas, especialmente la celebrada en 1977 con la patata en Rioja como la mecha que encendió las carreteras con más de 50.000 tractores y en la que compartían demandas dirigentes de las viejas estructuras junto a los futuros nuevos representantes. Desde la derecha, muchos dirigentes de las Cámaras Agrarias dieron igualmente un paso hacia la constitución de nuevas organizaciones que confluyeron en la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG) y en la Unión de Federaciones Agrarias de España (UFADE), organizaciones que se acabaron fusionando para crear la actual ASAJA.

Con las protestas vino en 1977 una nueva ley de libertad sindical y, a renglón seguido, un 21 de mayo de 1979 tenían lugar las primeras y únicas elecciones generales celebradas en el sector agrario, a las que han seguido diferentes elecciones en el marco de las comunidades autónomas; pero en algunos casos se han llegado a celebrar varias convocatorias, mientras en otras no se ha celebrado ninguna. En este contexto, asumiendo el mayor peso de ASAJA en la mayor parte de los comicios, se llegaba a un consenso para determinar que la representatividad a nivel estatal como interlocutores ante la Administración se concretaba en ASAJA, COAG y UPA, a las que se sumaba el reconocimiento de Unión de Uniones, constituida por algunas de las siglas más importantes de COAG como Unió de Pagesos y Unió de Llauradors, que abandonaron la organización.

Nuevo sistema.

En la actualidad, a falta de esos procesos, se halla abierto un nuevo sistema basado en la información que aporten las comunidades autónomas al Ministerio de Agricultura con datos sobre resultados electorales allí donde se hayan celebrado comicios, sobre sus afiliados o sobre la actividad de las mismas en negociaciones con la Administración para adoptar una decisión sobre la representatividad. Con el nuevo procedimiento se determinará la representatividad de las organizaciones agrarias para los próximos cinco años sin basarse exclusivamente en unos resultados de unas elecciones, sino en diferentes criterios objetivos sobre número de afiliados, implantación territorial y servicios prestados a los agricultores y ganaderos, datos que las organizaciones agrarias deberán remitir al departamento de Atocha en un plazo previsto inicialmente de un mes desde primeros abril.

La normativa anterior sobre representatividad en el sector agrario se cimentaba en disposiciones de los años 2009 y 2014 y en base a unos procesos electorales a nivel estatal. El sistema no se llegó a poner en marcha, según justificación oficial, por su complejidad y coste, es decir, por la necesidad de un gran despliegue de medios humanos y económicos. Y no obstante este mecanismo para su aplicación inmediata, no se descarta volver en un futuro al sistema actual tras consultarlo con las comunidades autónomas y con las organizaciones agrarias.

De acuerdo con esta nueva disposición, para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, quienes la soliciten deber cumplir, entre otras condiciones, que las mismas estén constituidas y reconocidas como organizaciones de carácter general, no sectorial; que sean de ámbito estatal; que se hallen implantadas en, al menos, siete comunidades autónomas; que sus objetivos sean la defensa de los intereses generales de la actividad agraria; o que agrupen como mínimo al 10% del total de los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomas y al Sistema Especial de Trabajadores Agrarios.

La representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en el ámbito estatal se determinará exclusivamente a partir de las certificaciones de las comunidades autónomas según los sistemas de reconocimiento establecidos y su grado de implantación en cada una. En este sistema las certificaciones que emitan las comunidades autónomas para acreditar la representatividad estarán basadas, al menos, en una de estas tres vías: procesos de votación según las normas autonómicas, certificación de actividad sin procesos electorales y/o grado de participación institucional. La denominación de una sigla como organización más representativa tendrá una duración de cinco años.

En la actualidad tienen reconocimiento de organizaciones profesionales agrarias de ámbito estatal ASAJA, COAG, UPA y Unión de Uniones.