La lucha contra el tráfico de drogas no da tregua y se libra en condiciones desiguales a nivel de medios materiales y humanos, lo que dificulta la labor de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Pese a la complejidad de la batalla, la presión policial obliga a las organizaciones criminales a cambiar la ubicación de sus centros de operaciones así como a modificar sus métodos de actuación. En los años 80 y 90, el epicentro del narcotráfico en España se situaba en Galicia y a comienzos del siglo XXI se trasladó al sur del país, especialmente a la provincia de Cádiz. Sin embargo, la acción policial llevada a cabo en los últimos años en el Campo de Gibraltar ha derivado en una nueva dispersión geográfica que ha trasladado los puntos calientes de entrada de droga a los extremos del litoral andaluz, a las provincias de Huelva y Almería y a la desembocadura del río Guadalquivir, así como a zonas más alejadas como Murcia, Gerona o las islas Baleares.

Esta dispersión fue uno de los aspectos analizados en la última reunión de la Mesa de Coordinación Operativa (MECO) del IV Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar. La estrategia entró en vigor en 2018 y durante seis años, hasta el pasado noviembre, se ha saldado con 28.445 detenidos y con la intervención de 2.344 toneladas de droga. En las sucesivas operaciones se incautaron 1.750.000 litros de combustible, 8.687 vehículos y 2.314 armas.

 Pese a los golpes encajados, nada detiene a un negocio tan lucrativo y, de hecho, los grupos criminales son «cada vez más dinámicos y complejos», emplean «medios más sofisticados» y tienen más ramificaciones internacionales. Además, han incrementado su violencia y agresividad «incorporando a personas cada vez más jóvenes», según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Presión permanente

A pesar de las dificultades de esta guerra sin cuartel, la presión policial «permanente y continua» sobre las estructuras de apoyo logístico, (suministro de combustible,  almacenaje, transporte y vigilancia) ha obligado a las redes criminales a modificar sus formas de operar.

Estos cambios se aprecian a lo largo del tiempo, de forma que en 2018, el primer Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar se enfocó en esta comarca, mientras que el segundo y el tercero se extendieron a otras regiones vecinas por el traslado de los puntos de entrada. La estrategia actual, vigente hasta fin de año, abarca seis provincias andaluzas, lo que ha derivado en una nueva dispersión. 

«Hemos observado que ahora hay una concentración de actividad en los extremos del litoral andaluz, en Huelva, incluso en el Algarve portugués y en el levante de Almería», señaló el delegado. El radio de acción también se ha extendido al litoral de Murcia, Gerona y Baleares. Uno de los puntos más críticos en este momento es la desembocadura del Guadalquivir, donde «se ha incrementado de forma notoria» la actividad de las narcolanchas, los desembarcos de droga y el almacenamiento. Además, esta zona sirve como lugar de refugio en los temporales, lo que ha obligado a adoptar «medidas muy específicas» en este enclave.

A los cambios de ubicación, se suma la «diversificación» de la actividad de las redes criminales, que incluyen delitos como el tráfico de inmigrantes. También existe una mayor «especialización» en diferentes tareas asociadas al negocio. 

Todo ello complica «aún más» la labor de los efectivos dedicados a esta guerra, que además de estos obstáculos, se encuentran inmersos en una situación de desigualdad a nivel de medios materiales y personales. Este desequilibrio se pone de manifiesto cuando ocurre una desgracia.

Tragedia en Barbate

Es lo que sucedió el 9 de febrero de 2024 en el puerto de la localidad gaditana de Barbate, cuando una zodiac de la Guardia Civil con seis agentes trataba de identificar a los ocupantes de varias narcolanchas que se refugiaban del temporal. Lejos de huir, una de las embarcaciones emprendió una embestida contra la patrullera, que terminó con la muerte de dos de los agentes y dejó heridos a otros dos. El trágico suceso volvió a situar en el debate público la problemática con la que conviven a diario los agentes.

En el primer aniversario del fallecimiento de Miguel Ángel González y David Pérez Carracedo, sus familiares y compañeros honraron su memoria en una emotiva ofrenda floral en el muelle barbateño que fue un clamor de justicia, ya que «a nivel político y jerárquico no se han depurado responsabilidades por estos asesinatos», según recordaron desde la asociación de la Guardia Civil Jucil. 

En el sentido homenaje, la madre de uno de los fallecidos, Paqui Gómez, prometió seguir «peleando para que se vuelva a abrir el caso contra los mandos de la Guardia Civil» y trasladó su solidaridad a las familias de los agentes, que «viven con el miedo de que nunca regresen a casa cuando van al trabajo». 

En la ofrenda floral se lanzaron cuatro claveles rojos al mar por los cuatro agentes que iban en la zodiac y sobrevivieron a la tragedia. 

Daniela Pérez, de 18 años, recordó las secuelas que su padre y los otros tres compañeros han sufrido a causa de un siniestro que supuso «un punto y aparte». Según relató, su padre quería estar en el homenajepero «no puede pisar el puerto de Barbate porque se derrumba».