La enésima crisis interna en el Gobierno de Pedro Sánchez – esta vez por las diferencias sobre la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) - se ha saldado con una patada hacia adelante y un aplazamiento en la solución definitiva del problema. Las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz alcanzaron in extremis un acuerdo para que los perceptores de este salario no paguen el IRPF únicamente en 2025. La fórmula, adoptada después de la ya tradicional teatralización infantil del Ejecutivo que evidencia el bajo concepto que tienen del juicio ciudadano, es básicamente que la decisión se tomará el próximo año, pero mientras tanto se carga con más burocracia a los contribuyentes obligándoles a hacer la declaración de la renta para que puedan deducirse la retención en vez de no aplicarla directamente. Un completo sinsentido.

El Ministerio de Hacienda ha querido situar el debate en una especie de pedagogía fiscal según la cual todos los ciudadanos deben ser conscientes de la necesidad de pagar impuestos, pero la realidad es que esta didáctica tenía un coste para el bolsillo de los ciudadanos: 2.000 millones extra que recaudaría el Gobierno y que pagarían las rentas más bajas.

El acuerdo alcanzado ayer vuelve a ser un parche en una política fiscal dogmática que generalmente orilla las consideraciones redistributivas para priorizar el afán recaudatorio. Es cierto que, pese al discurso oficial, el populismo de billetera que practica el Gobierno no es gratuito y mantenerlo requiere de ingentes cantidades de ingresos en el erario público. Esta codicia fiscal no ha distinguido niveles de renta como pone de manifiesto la negativa del Ministerio de Hacienda a implementar medidas de deflactación del IRPF para compensar el impacto de la inflación y la destreza con que se diseña impuestos indirectos que inciden especialmente en las familias más modestas y que contradicen por la vía de los hechos su relato sobre la progresividad fiscal.

El acuerdo alcanzado ayer revela el cortoplacismo de un Ministerio que en los seis años de mandato ha tintado el ámbito impositivo de ideología y ha despreciado cualquier aproximación técnica, pero sobre todo que ha mostrado una auténtica repulsión para abordar una profunda reforma del sistema tributario para modernizarlo y alinearlo con los países del entorno y, especialmente, para convertirlo en una herramienta útil y eficaz de competitividad. El Ejecutivo prefiere incluso sacrificar esa progresividad que mandata la Constitución y en los últimos meses envía señales de que la política fiscal no está al servicio del bien común sino del interés político del momento y así se explican decisiones como parcelar la Agencia Tributaria aún a riesgo de perder eficacia en la lucha contra el fraude. Y mientras esto ocurre, las vicepresidentas ocupan su tiempo en taponar con parches las grietas que ellas mismos provocan.