La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha manifestado la «plena colaboración con la situación que se está viviendo» desde la región con los menores refugiados en Canarias. Señaló que es un «problema que se tiene que asumir, por supuesto, por parte del Gobierno de España en colaboración con las comunidades autónomas». De esta forma y antes incluso de entrar en la reunión, ya manifestaba su predisposición de votar a favor de la acogida de los menores.
Precisamente lo que se abordaba esta tarde en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, era la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados. Explicó que en el borrador de la ley que se les había proporcionado se recoge «una financiación para poder llevar a cabo esta modificación, lo cual es importante porque las comunidades autónomas tenemos un sistema de protección que no queremos que tampoco se vea debilitado y, por tanto, tenemos que garantizar que tanto nuestro sistema de protección».
No es la primera vez que Castilla-La Mancha muestra su colaboración para acoger a los menores inmigrantes que llegan en embarcaciones a Canarias. La consejera portavoz, Esther Padilla, recordó ayer que en estos momentos Castilla-La Mancha está atendiendo a 554 menores no acampañados, de los que 84 tienen que ver con los convenios específicos sobre los inmigrantes que llegan a Canarias. «Estamos atendiendo y cumpliendo nuestros compromisos», remarcó. Es más, comentó que esta misma semana Castilla-La Mancha va a recibir a ocho menores nuevos en relación al convenio que data de 2023. La consejera portavoz admitió que «estamos prácticamente al cien por cien en nuestros dispositivos y centros de menores». Recuerda que son muchas casuísticas y tutelas las que se atienden además de estos acuerdos de Canarias.