El Grupo Popular de la Diputación Provincial dio a conocer el contenido de la segunda moción que va a presentar en el pleno que tendrá lugar este viernes en la institución. Dicha moción tiene su origen en el verano de 2022 cuando la Diputación abrió una convocatoria dotada con 6.250.000 euros para la realización de obras municipales en todos los municipios de la provincia con menos de 20 mil habitantes, el conocido como Plan de Obras Municipales.
Según recuerdan los populares, desde el equipo de Gobierno provincial proclamaron que esas ayudas llegarían a todos los ayuntamientos, "pero el 7 de octubre para sorpresa de todos, la Diputación publicó la concesión de ayudas a 112 ayuntamientos, cerrando la posibilidad de ser beneficiados a casi 200 consistorios", tal y como explica Román García, portavoz del PP. Un hecho que considera "partidista" teniendo en cuenta que "siete de cada 10 beneficiarios son ayuntamientos del PSOE".
Con la presentación de esta moción, los populares buscan la aprobación de un nuevo Plan de Obras Municipales 2023, en el que todos los ayuntamientos de la provincia que no recibieron la subvención en la convocatoria anterior, independientemente de su signo político, puedan acogerse a esta línea de subvenciones.
Otra de las denuncias que ha hecho publica la formación en rueda de prensa, es la solicitud de una lista de espera que nunca se ha publicado, para que los ayuntamientos puedan conocer cuál es el estado de sus solicitudes, ya que, según explica Román, muchos de estos consistorios contaban con esta ayuda "que nunca llegó".
Además, el portavoz del PP asegura que la Diputación cuenta con un remanente de 11 millones de euros en el Plan de Obras Municipales, "dinero suficiente para llegar a la totalidad de los pueblos de la provincia"; una cuestión que ya solicitaron en pleno pero que "Jose Luis Vega y su equipo votaron en repetidas ocasiones que no". A pesar de esto, "el vicepresidente David Pardo comprometió de forma pública que habría una nueva convocatoria del Plan de Obras Municipales dirigidas a los ayuntamientos que se habían quedado fuera". Por todo ello, García sentencia que "estamos a 21 de septiembre y podemos certificar que ese compromiso no se ha cumplido".