El Foro de Ganadería Extensiva celebrado en Toledo hace unas semanas fue recibido por las organizaciones profesionales agrarias (OPA), aunque no sin matices, como un paso positivo. Uno de los avances que emanaron de aquella reunión entre Ministerio, OPA y comunidades autónomas, y que resultó bien valorado, fue la eliminación de la obligatoriedad de contar con un veterinario de explotación para las granjas. Sin embargo, al parecer, este asunto no está del todo zanjado.
Este lunes, ASAJA y COAG denunciaban que el borrador del Real Decreto en el que se debería plasmar el carácter voluntario del veterinario de explotación incumple los compromisos adquiridos por el ministro de Agricultura, Luis Planas, con las organizaciones agrarias en el Foro de Toledo. Ambas OPA sostienen que, según la actual redacción, tanto de la normativa en vigor como del proyecto de real decreto que la modifica, a partir del 1 de junio de 2025 seguirá siendo obligatorio que todas las explotaciones cuenten con un Plan Sanitario Integral y que éste sea diseñado o bien por un veterinario de explotación o bien por personal veterinario de una asociación de defensa sanitaria ganadera (ADSG), una empresa integradora o una entidad asociativa. «Es decir, que, de manera indirecta, se sigue obligando a que cualquier explotación ganadera que no pertenezca a una ADSG, a una entidad asociativa o a una integradora tenga la obligación de designar a un veterinario de explotación que le diseñe el Plan Sanitario Integral (que sí seguirá siendo obligatorio para todas las explotaciones a partir de junio de 2025)», apuntaban desde las dos organizaciones.
Por otro lado, se pospone también hasta el 1 de junio de 2025 el periodo en el que los SIGE (Sistemas Integrales de Gestión de las Explotaciones ganaderas) deberán incorporar los planes sanitarios integrales, pero se mantiene la obligatoriedad de que las explotaciones que ya debían contar con un SIGE a fecha de hoy, sigan teniendo que contar con él a partir de junio del año que viene, lamentan COAG y ASAJA.
A vueltas con la sanidad animalEn ASAJA y COAG «seguimos sin entender el empeño de este Ministerio por incorporar nuevas cargas burocráticas que no aportarán soluciones reales a los problemas que deben afrontar las explotaciones ganaderas de nuestro país. Rechazamos las imposiciones del veterinario de explotación, el Plan Sanitario Integral, el plan de bienestar animal o el SIGE. Ninguna de estas imposiciones deriva de la aplicación de normativa europea, sino que se trata de apuestas exclusivamente de país con un rol burocrático (y no de cuidado, sanidad o bienestar de los animales). Una prórroga de la entrada en vigor de la normativa que recoge estas obligaciones no es suficiente; exigimos su eliminación», han apuntado los máximos responsables de estas dos organizaciones.
El desarrollo de esta normativa, sometida ahora a consulta con las organizaciones agrarias, tendría que dar cumplimiento a los compromisos anunciados por Luis Planas en el Foro de Ganadería Extensiva celebrado en Toledo los días 16 y 17 de mayo. El propio ministro anunció en la clausura de dicho Foro que la figura del veterinario de explotación pasaría a tener carácter voluntario, así como que se procedería a revisar y simplificar el contenido del Plan Sanitario Integral, el sistema integral de explotaciones y el plan de bienestar animal, algo que ahora queda en entredicho, dicen ASAJA y COAG.
Sin embargo, en UPA no tienen ninguna duda de que «la figura del veterinario de explotación será voluntaria», según manifestaban el martes. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos era rotunda a la hora de aclarar este punto, que despierta un gran interés para las explotaciones ganaderas. La organización trata de «despejar así las dudas sembradas por otras organizaciones no firmantes del acuerdo de 43 medidas con el Ministerio de Agricultura que ayer difundían mensajes equívocos sobre este particular», en referencia a COAG y ASAJA.
UPA ha garantizado que el veterinario de explotación no será obligatorio. Además, afirman haber conseguido no solo el aplazamiento de un año del Plan Sanitario Integral, sino su retirada, que contenía 25 puntos «muy complicados de asumir por la ganadería familiar». Se trata de un compromiso que forma parte de las 43 medidas y refrendado en el Foro de Ganadería Extensiva celebrado en Toledo el pasado mes de mayo, aseguran.
Junto con la retirada del Plan Sanitario Integral, el Ministerio se ha comprometido a aplazar la parte del Real Decreto de ordenación de granjas bovinas correspondiente al bienestar animal, dando tiempo para un proceso de negociación que permita avanzar y consolidar el modelo de ganadería familiar garante del bienestar de los animales, añade la organización. UPA ha pedido al Gobierno tiempo para avanzar y renegociar el Real Decreto de ordenación de las granjas bovinas en temas como aclarar y mejorar el encaje y catalogación del modelo de explotación, así como la mejor aclaración de los patios de recreo.
UPA considera un avance muy importante el aplazamiento de estos reales decretos para el modelo de ganadería familiar, adaptándolos exclusivamente a los Reglamentos comunitarios y dando tiempo suficiente a una buena negociación de la nueva normativa. UPA recuerda que algunos de estos puntos se acordaron el pasado 21 de junio en una reunión de trabajo con el Ministerio de Agricultura, reunión a la que no asistieron algunas organizaciones agrarias y en la que se concretaron muchos de estos aspectos.
Dichosa tuberculosis.
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras la reunión mantenida el 21 de junio con el Ministerio, se muestra crítica al haber una escasa representación de ganaderos en el proceso de elaboración de planes para la gestión de la sanidad animal. La organización acusa al departamento de Planas y a las comunidades autónomas de no plantear los posibles cambios de próximos planes de erradicación al sector antes de su aprobación para su valoración y modulación y de que apenas haya presencia de ganaderos en la elaboración un programa de sanidad que se dirige y les afecta directamente a ellos.
En este sentido, Unión de Uniones considera que la problemática y su operativa no pueden estar dirigidas mayoritariamente por veterinarios que «tienen una visión reducida de lo que está ocurriendo, pudiendo caer en un cierto corporativismo». En la misma línea, la organización agraria demanda al Ministerio y a las comunidades mayor firmeza frente a la tuberculosis y más avances, siendo del todo insuficientes las 15 medidas con las que se cuenta actualmente.
Desde Unión de Uniones se valora la retirada de las exigencias en lo relativo a las pruebas de movimiento a cebadero, una medida que se incorporó recientemente y generó el rechazo del sector por el incremento de exigencias que suponía. Sin embargo, se considera que este avance podría ser más ambicioso y atajar el gran problema de los «cebaderos sucios». Al ser los únicos a donde pueden ir los terneros de explotaciones positivas y haber muy pocos operadores de este tipo, el ganadero no tiene poder de negociación; además de sufrir los perjuicios por la inmovilización y la calificación positiva, se ve perjudicado por vender los terneros muy por debajo del coste.
Unión de Uniones considera contraproducentes los vaciados sanitarios impuestos unilateralmente por la administración competente para combatir la enfermedad, ya que una medida tan drástica como eliminar todos los animales de la explotación no puede ser una herramienta habitual en la gestión de la tuberculosis, ni si quiera en zonas libres. Siempre se debería hacer con el consentimiento del ganadero. Además, «tras reponer esos animales van a seguir estando en contacto con una fauna silvestre con unos niveles de tuberculosis que, en vacuno, la administración consideraría aberrantes», añaden.
En lo relativo a la fauna silvestre, la organización destaca su absoluta decepción insistiendo en que urge resolver el problema cuanto antes con compromisos y objetivos de control. Los resultados del Programa Nacional de Vigilancia en Fauna Silvestre para 2022 arrojan que el 15,24% de los jabalíes analizados son positivos en esta enfermedad, recogiéndose un mayor porcentaje de casos en Extremadura y Andalucía (55,52% y 47,77%). Y en estudios en determinadas zonas como en Doñana se determinó que la infección se encontraba hasta en un 90% de los jabalíes. En este sentido, Unión de Uniones reclama un cambio de sentido en la gestión de la enfermedad y que se plantee el desarrollo y utilización de la vacunación como herramienta contra la enfermedad en jabalíes y, más a largo plazo, con el necesario apoyo a la investigación, también en bovino.
Sin embargo, la organización lamenta que se ha encontrado un muro en este tema, pese a que las publicaciones a nivel académico, como 'Tuberculosis animal: una aproximación desde la perspectiva de la ciencia y la administración', indican: «Actualmente, la vacunación frente a la tuberculosis está prohibida para el ganado bovino en la UE (Directiva 78/52/CEE), por su incompatibilidad con las pruebas de diagnóstico oficiales para la calificación de las explotaciones (Directiva 64/432/CEE). Sin embargo, la vacunación en animales que no están sometidos a los programas oficiales de erradicación de la TB, como la fauna silvestre, se percibe como una alternativa en zonas con alta prevalencia para el control de la enfermedad. En estas áreas se ha evidenciado que el contacto entre diferentes especies criadas en sistemas extensivos y los reservorios silvestres de tuberculosis favorece la circulación y el mantenimiento de micobacterias en el medio».
Unión de Uniones es consciente del trabajo legislativo e incluso científico que habría que abordar en la UE para considerar esta estrategia, pero considera que «es el camino a seguir, empezando por la vacunación en fauna silvestre, que en la actualidad tiene posibilidades de llevarse a cabo. Más de 40 años de lucha contra la enfermedad nos han dejado resultados estancados en muchas comunidades autónomas con la estrategia única de sacrificar vacas e inmovilizar explotaciones», concluyen desde esta organización agraria.
Contra la normativa de transporte.
En línea con lo expresado por el sector desde que se dio a conocer la iniciativa legislativa de la UE para endurecer las normas de transporte de ganado, el Ministerio de Agricultura, representado por el Secretario General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Fernando Miranda, ha indicado en la reunión de esta semana de los ministros de Agricultura de la UE que las medidas contenidas en la propuesta de Reglamento suponen un cambio muy sustantivo y podrían tener graves consecuencias para los sectores ganaderos, el transporte y la industria agroalimentaria. En particular, las zonas periféricas dentro del continente, como España, se verían en mayor medida afectadas, dificultando incluso el tráfico de animales dentro del territorio nacional. Unión de Uniones abunda en esa opinión y considera que la propuesta de Reglamento denota una grave falta de rigor y base científica, por ejemplo, con las limitaciones a la temperatura. «Una misma temperatura no afecta de forma similar a un pollito de un día que a un buey, es de lógica. No puede ser café para todos. Pese a ello, el texto propone las mismas limitaciones, lo que demuestra a las claras la escasa atención que parece haberse puesto a la hora de elaborarla», consideran en la organización.