Según explica la Universidad Politécnica de Madrid, el nitrógeno recuperado del estiércol (RENURE) se presenta como posible solución al aumento de los precios y escasez de los fertilizantes sintéticos, así como una alternativa con la finalidad de mitigar los problemas medioambientales que derivan de la gestión de purines generados en las explotaciones de porcino. España ocupa la primera posición de la UE en cuanto a censo de ganado porcino y la segunda en cuanto a la producción de carne de cerdo, que ha aumentado mucho en los últimos tiempos gracias a las exportaciones.

Este incremento de la producción ha llevado inevitablemente al establecimiento de explotaciones cada vez de mayor tamaño, con el consiguiente crecimiento en la generación de deyecciones ganaderas. Ello supone una gran oportunidad para que la agricultura no dependa de los fertilizantes fabricados en terceros países (Rusia, Bielorrusia) tanto como ahora, lo cual sería un paso importante para la consecución de la soberanía alimentaria, tanto en nuestro país como en la Unión Europea (UE).

Por esa razón, el COPA-COGECA (agricultores y cooperativas europeos), la EBA (Asociación europea del biogás) y la CEMA (Asociación Europea de la Industria de Maquinaria Agrícola) han enviado una carta a los comisarios Roswall (Medio Ambiente) y Hansen (Agricultura) instándoles a actuar rápidamente sobre la modificación de la Directiva sobre Nitratos, que «debería haberse introducido hace mucho tiempo», para aclarar las excepciones en torno a las tecnologías RENURE. Este llamamiento se produce en medio de una creciente presión sobre los agricultores de la UE, en particular debido a las próximas sanciones a los fertilizantes rusos y bielorrusos que encarecerán estos productos.

El nitrógeno obtenido con técnicas RENURE se comporta igual que el de los fertilizantes sintéticos. - Foto: M.H.RENURE, tal y como se propuso inicialmente en el estudio del Centro Común de Investigación (el centro de conocimiento de la UE), ofrece una solución local y sostenible que podría impulsar significativamente la autonomía de la UE en materia de fertilizantes en los próximos años, aseguran estas organizaciones. Las tecnologías RENURE, incluidos algunos digestatos, son ejemplos de innovación a nivel de explotación con múltiples beneficios medioambientales y económicos -desde la reducción de las emisiones del ganado hasta la producción de fertilizantes y sustratos de alta calidad- y merecen un mayor reconocimiento. Sin embargo, los agricultores necesitan un marco regulador claro y estable para invertir y ampliar estas soluciones.

A pesar del reconocimiento por parte de la Comisión Europea del potencial de RENURE en su Visión para la Agricultura y la Alimentación y el Pacto Industrial Limpio, así como en el informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo, el marco regulatorio actual no ha logrado aprovechar este potencial. Las tecnologías RENURE siguen estando limitadas en la Directiva sobre Nitratos.

La enmienda propuesta por la Comisión Europea no se ajusta plenamente a los criterios RENURE desarrollados por el Centro Común de Investigación, ni al principio de neutralidad tecnológica que contempla. La neutralidad tecnológica debe ser una piedra angular de la legislación siempre que sea posible, a fin de evitar favorecer o discriminar a cualquier tecnología o a sus fabricantes, desarrolladores, proveedores y distribuidores. Este principio también evita que la legislación quede obsoleta rápidamente y requiera nuevas modificaciones.

Al establecer una lista limitativa de los métodos de producción aprobados («tratamientos de transformación»), el proyecto de enmienda sofoca por completo la innovación destinada a nuevos y mejorados métodos de producción, en oposición directa a las ambiciones de la Comisión Europea en materia de competitividad. Además, en la modificación se propone una nueva limitación de 100 kilos de nitrógeno por hectárea y año de RENURE. Dado que la característica principal de RENURE es que los productos son o se comportan de forma idéntica al abono sintético, no debe incluirse tal limitación, sostienen estas entidades. Las modificaciones necesarias siguen pendientes y el enfoque actual sigue siendo demasiado restrictivo, lamentan.

Según exponen, es muy preocupante que la Comisión de Nitratos no haya logrado mejorar y hacer avanzar esta enmienda en sus últimas cuatro reuniones. En un momento en el que se insta a los agricultores a adoptar prácticas de fertilización circulares y sostenibles y a hacer frente al aumento de los aranceles sobre los fertilizantes importados de Rusia y Bielorrusia, la falta de claridad normativa es un ejemplo perfecto, añaden, de los requerimientos contradictorios que la Comisión podría resolver.

Por ello, el COPA-COGECA, junto con la EBA y la CEMA, piden a la Comisión que actúe con rapidez y coherencia. Si se toma en serio la autonomía estratégica, Europa no puede permitirse pasar por alto RENURE.

Flexible y realista.

Por otra parte, la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo informal para aprobar una nueva legislación sobre vigilancia del suelo con el objetivo de restaurar su salud de aquí a 2050. La norma, impulsada en el marco de la estrategia de contaminación cero de la Comisión Europea, ha sido negociada intensamente durante los últimos meses y, tras los trílogos entre Parlamento, Consejo y Comisión, ha logrado finalmente algo esencial para el campo: no impondrá nuevas obligaciones a agricultores ni gestores de tierras. Una redacción final que, como ha venido defendiendo ASAJA durante todo el proceso de negociación en Bruselas, supone un alivio para los profesionales del campo, al tiempo que reconoce su papel como aliados fundamentales en la conservación de los suelos.

«Proporcionarles mejor información y ayuda más eficaz, al tiempo que se evitan cargas administrativas y nuevas obligaciones, son las principales características de esta nueva legislación», subrayó el eurodiputado Martin Hojsík, ponente del texto en la Eurocámara. Una declaración que pone negro sobre blanco la importancia del trabajo desarrollado por ASAJA en las instituciones europeas -de la mano de la organización alemana DBV-, donde se ha batallado para que los esfuerzos en sostenibilidad no se traduzcan en una mayor carga burocrática.

La Ley de Vigilancia del Suelo armonizará los sistemas de seguimiento en toda la UE mediante una metodología común para evaluar el estado físico, químico y biológico del suelo. Se estima que entre el 60% y el 70% de los suelos en Europa están degradados, una situación que contribuye a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y que le cuesta a la UE al menos 50.000 millones de euros anuales en servicios ecosistémicos perdidos, según datos de la Comisión.

No obstante, la directiva opta por un enfoque flexible y realista, dejando en manos de los Estados miembros la fijación de objetivos sostenibles no vinculantes, adaptados a las condiciones locales y al nivel de degradación de cada territorio. En lugar de imponer restricciones, se plantea una estrategia de acompañamiento que incluye asesoramiento, formación, promoción de la innovación y apoyo financiero y técnico, especialmente a través del programa LUCAS Soil. Además, se reconoce la necesidad de evaluar periódicamente las necesidades económicas de agricultores y silvicultores para lograr estos fines, incorporando también acciones de concienciación sobre la resiliencia del suelo.

Uno de los elementos más relevantes de la normativa es la elaboración, en un plazo de 18 meses desde su entrada en vigor, de una lista indicativa de sustancias emergentes contaminantes, como los PFAS y ciertos fitosanitarios. Y en un horizonte de diez años, los Estados miembros deberán elaborar una lista pública de sitios potencialmente contaminados, con obligación de intervenir si existe un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente.

ASAJA celebra que el texto final haya respetado su principal reivindicación: proteger el suelo sin castigar al agricultor. La organización agraria ha estado presente desde el inicio del debate legislativo, aportando datos, propuestas técnicas y exponiendo la realidad del terreno con el objetivo de que las instituciones europeas legislen de forma ambiciosa, pero también justa.

El acuerdo deberá ser ahora confirmado formalmente por el Consejo y el Parlamento Europeo, pero el camino recorrido ya deja una conclusión clara: la voz del campo, si se expresa con fuerza y argumentos, puede influir en Europa.

Qué es LUCAS Soil.

El Estudio Marco sobre el Uso del Suelo y la Cobertura (LUCAS, por sus siglas en inglés) es un estudio exhaustivo y periódico de la capa superficial del suelo que se lleva a cabo en toda la Unión Europea para obtener estadísticas relevantes para las políticas sobre el efecto de la gestión del suelo en sus características. La repetición del estudio cada pocos años permite identificar cambios en el uso del suelo. LUCAS Soil representa el mayor conjunto de datos armonizados de acceso abierto sobre las propiedades de la capa superficial del suelo disponible para la Unión Europea a escala mundial.

Todos los resultados se registran en la base de datos LUCAS y se procesan posteriormente para obtener productos derivados, como mapas de propiedades del suelo. Esta base de datos se ha utilizado ampliamente para la modelización y el desarrollo o la validación de varios conjuntos de datos a nivel europeo: reservas actuales y futuras de carbono orgánico del suelo, datos de reflectancia física, química y multiespectral de la capa superficial del suelo, erosión hídrica del suelo, erodibilidad del suelo (factor K), amenazas a la biodiversidad del suelo, modelización de la erosión eólica y emisiones de óxido de nitrógeno.