El asfixiante humo de los neumáticos quemados. Las revueltas sobre el asfalto bajo las banderas. Esa hambre de luchar de unas gentes que la Unión Europea comenzó al olvidar mientras diversas catástrofes marcaban nuestra vida económica y social. Los duros aranceles que impuso el líder republicano estadounidense Donald Trump hace años; el Brexit, que tensionó aún más el mercado, estrechando destinos mientras se salía de la dura crisis de 2008. Solo eso es suficiente para que la agricultura apenas pudiera sobrevivir en un tiempo difícil, pero luego llegó la pandemia y trastocó todos los planes, como haría cualquier terremoto. Lo pagaron más, como siempre, los más débiles. Enfrente una burocracia impía que no perdona que falte un certificado. 
  Por si eran pocas plagas, emulando en dureza a las de Egipto, también una salvaje huelga de transportes incontrolada; la guerra de Ucrania que disparó los costes de producción; la borrasca Filomena cuyas nevadas maltrataron infraestructuras y accesos a fincas; la tensión en el mar rojo y, sobre todo, la sequía más dura de la historia. Frente a esta maltratada realidad la UE no escuchó las voces del campo. Los campesinos sintieron que se tomaban medidas inviables por personas que desconocían el sector. 
El día a día se fue depreciando (en el año 2022 los costes de producción alcanzaron un incremento interanual de hasta 55 por ciento) y los campesinos salieron a la calle a poner el pecho y luchar por lo suyo, que también es lo nuestro. Todos estamos con ellos.
Pero mal haríamos si aceptáramos diversos desenfoques que no ayudan. El primero la demonización de la UE, que es el menos malo de los sistemas económicos conocidos. La PAC 2023-2027 es el 37 por ciento del presupuesto. En España se benefician 650 mil personas. 378 mil millones de euros para el 1,3 por ciento del PIB europeo. Europa no es el enemigo. Sin Europa la ruina sería total. El segundo la concreción. Aun estando bien la explosión popular, solo los sindicatos mayoritarios pueden ser efectivos en la aprobación de medidas concretas. Descalificarlos diciendo que cobran del gobierno es falaz. No ayuda el gobierno, sino el Estado, porque según la Constitución son cauces de participación ciudadana, como los partidos. 
 El tercero tiene que ver con que no paguen el enfado los ciudadanos. Ese apoyo popular no merece que haya quien no puedan ir a la consulta del médico o al trabajo. Los tractores deben estar en las carreteras, pero dejando paso y que al hacerlo los conductores, solidarios, aplaudan su protesta o rebelión según dicen algunos.
 Y una última consideración. Todas las exigencias son lícitas, pero tampoco hay que demonizar el pacto verde. Sin rentabilidad no puede haber sostenibilidad y viceversa. No olvidemos que la emergencia climática reduce la superficie cultivable. Y que la necesidad de proteger el medioambiente es ciencia, no radicalismo ecológico.