Habitualmente cuando el Gobierno regional tienen que tratar cuestiones del campo se reúne con las organizaciones agrarias de Asaja, UPA, COAG y también con Cooperativas Agro-alimentarias. Mientras, Unión de Uniones protesta en las calles para que haya 'elecciones al campo' y poder entrar en esas mesas de diálogo.

Para aclarar esta situación, Castilla-La Mancha va a tramitar una Ley de determinación de la representatitividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias. La ha presentado el PSOE y hoy se vota su toma en consideración (que saldrá adelante) para que se tramita en las Cortes y se pueda aprobar. El diputado socialista Antonio Sánchez Requena ha explicado en el pleno que se ha seguido lo que establece la normativa nacional en esta materia. "Los criterios son adecuados porque objetivan esa determinación", explica. 

¿Qué es lo que se va a pedir a estas organizaciones para determinar cuáles son las representativas del campo? Sánchez Requena detalla que será necesario que sean organizaciones generales y no sectoriales, que tengan estructura nacional y estén en el Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias, que tengan presencia en el territorio, en todas las provincias y se mirará también su tamaño en cuanto al número de trabajadores o las acciones que hacen para ayudar y asesorar a sus socios. A lo mejor hay organizaciones que ahora no cumplen todos los requisitos, pero que puede que en el futuro sí lo hagan. La ley también establece que el proceso para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias se reactivará cada cinco años. 

El diputado del PP, Santiago Lucas-Torres, avisa de que el "campo está en una encrucijada" y de que las organizaciones agrarias "son la voz organizada del campo y no pueden ser silenciadas ni excluidas por no pertenercer a determinadas estructuras centralistas afines al poder". Por eso reivindica la necesidad de adecuar esta ley: "Hay que fijar criterios transparentes y objetivos, para garantizar su papel como interlocutores, dotarles las subvenciones que sean necesarias". Incide en que debe ser una ley que "devuelva la voz al campo" y que regule un sistema que llevaba anclado desde 1987. 

El presidente del grupo parlamentario de Vox, David Moreno, tiene más dudas sobre este proceso y sospecha por el hecho de que se haya presentado por la vía de urgencia para acortar plazos y justo en los días previos a Semana Santa. "A lo largo de muchos años se han ocupado de que el campo no tenga voz", criticó. Por eso reivindica que "la representatividad debe ajustarse a la realidad del campo español y no a intereres políticos de socialistas y populares".