La nueva Ley de Integridad Pública ya ha entrado en las Cortes. La Mesa del Parlamento autonómico acordó ayer por la mañana el inicio del trámite, de forma que el texto final ya se ha publicado en el boletín oficial y los partidos políticos tienen hasta el 26 de abril para presentar enmiendas. Se trata de una normativa que endurece las reglas para evitar 'puertas giratorias' de los altos cargos, pone niveles restrictivos en conflictos de intereses e instaura una Oficina de Integridad que vigilará el incremento del patrimonio de los miembros del Gobierno y estará disponible para  denuncias de comportamientos que sean sospechosos de ser irregulares.

En el régimen de incompatibilidades, por ejemplo, la nueva ley se remite al artículo de la Ley del Consejo Consultivo y Buen Gobierno, que es del 2003. Las deben tener en cuenta los altos cargos a la hora de presentar  una declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad, algo que es obligatorio en un plazo de diez días desde el nombramiento. 

La ley introduce una regulación sobre conflictos de intereses. Especifica que se consideran intereses privados o personales los que afecten a sus familiares (se concreta en ?parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad), con personas vinculadas por una relación laboral o profesional dos años antes del nombramiento y también se incluyen las «amistades íntimas o enemistades manifiestas». También hay conflicto de intereses cuando hay una cuestión de litigio pendiente. 

¿Qué hacer en esos casos? La ley señala que hay que ponerlo en conocimiento del superior jerárquico o del responsable que aprobó su nombramiento para que decidan lo que proceda respecto de su posible inhibición. La Oficina de Integridad también tiene funciones en esta área. Deberá informar a los altos cargos de los asuntos o materias sobre los que, con carácter general, deberán abstenerse durante el ejercicio de su cargo. También deberá colaborar en la investigación de conductas que comporten conflicto de intereses.

Para evitar las 'puertas giratorias', cuando un alto cargo deja la Junta debe comunicar durante dos años las empresas en las que vaya a trabajar y la Oficina de Integridad tendrá un mes para responder si ese cargo es compatible.

La nueva ley obliga a las consejerías y a los directores de organismos y entidades del sector público a elaborar protocolos para el fomento de la integridad. Deben contener medidas concretas para incrementar la transparencia y la participación ciudadana, detectar casos para los que sea necesario la abstención, recusación o incompatibilidad, así como hacer formación en ética e integridad pública.