UGT Castilla-La Mancha valora el paulatino descenso que están experimentando los accidentes de trabajo en la región. Destacan que es una evolución que se mantiene en el tiempo y que ha hecho que el primer trimestre de 2024 haya cerrado con una bajada del 6% respecto al mismo periodo del año pasado.
Según se desprende de los datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, de enero a marzo se produjeron en la comunidad un total de 6.585 accidentes, 416 menos que en 2023. De ellos 6.527 fueron leves, 52 graves y 6 mortales.
Por provincias, donde más bajaron fue en Ciudad Real, un 12%. También descendieron en buena medida en Guadalajara, un 7,8%. En Toledo lo hicieron en un 4,7%; en Albacete, en un 2,7%; y en Cuenca, en un 1,1%.
El índice de incidencia de accidentes de trabajo -esto es, la proporción de accidentes por cada 100.000 trabajadores/as- también bajó notablemente en Castilla-La Mancha: del 299,8 que había en 2023 se ha pasado al 275,5 en el primer trimestre de 2024.
No obstante, para el sindicato es muy preocupante que la región siga teniendo uno de los índices de incidencia más elevados del país, concretamente el tercero más alto, solo por detrás de Navarra y La Rioja. "Guadalajara, en el primer puesto, y Cuenca, en el tercero, encabezan además el ranking por provincias".
La coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla-La Mancha, Irene Ortega, valora las medidas que se están poniendo en marcha en la región para reducir la siniestralidad laboral. No obstante, entiende que "aún vamos muy despacio" y que "es preciso redoblar esfuerzos".
Añade que, "cada día, en las empresas vemos incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales así como una deficiente gestión de los riesgos psicosociales en los puestos de trabajo". Incide en la necesidad de poner en marcha la figura del delegado territorial de prevención, una figura "destinada a llegar a aquellas empresas a las que ni la Inspección ni los sindicatos llegamos".
En paralelo, UGT continúa reivindicando un aumento de recursos humanos y materiales para la Inspección de Trabajo hasta alcanzar la ratio de un inspector por cada 10.000 trabajadores